El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Esteban González Pons, aseguró este martes que no se evidenció ninguna alteración en el software utilizado para los recientes comicios presidenciales en Colombia, descartando de manera categórica cualquier escenario de presunto fraude. La declaración se produjo luego de que las auditorías internacionales realizadas al sistema confirmaran su total normalidad, brindando un parte de tranquilidad técnica frente a las supuestas irregularidades que se habían insinuado en medio de la contienda política.

Durante la entrega de su balance, González Pons explicó que todos los partidos políticos que solicitaron revisar el andamiaje tecnológico tuvieron acceso detallado a la información del software electoral días antes de la jornada de votación. En ese sentido, la misión internacional subrayó que ninguna de las campañas trasladó formalmente quejas sobre supuestas anomalías. Los observadores respaldaron el preconteo inicial y el avance del escrutinio oficial, argumentando que los datos concuerdan y blindan el ejercicio democrático.

El desarrollo de las votaciones fue calificado por la organización europea como pacífico, ordenado y transparente, destacando además una participación ciudadana histórica que alcanzó el 58 %. De igual forma, la misión exaltó el trabajo logístico de la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar la distribución del material electoral en todo el territorio nacional, lo cual, sumado a la presencia efectiva de testigos de todas las campañas en las mesas de sufragio, desvirtúa las narrativas de un supuesto manejo irregular en las urnas.

Estas conclusiones provisionales salen al paso de los recientes cuestionamientos hechos por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien había advertido sobre presuntas inconsistencias e ingresos de personas extrañas al censo electoral. No obstante, desde la Unión Europea se insistió en que el software funciona estrictamente como una calculadora para la sumatoria de las actas diligenciadas de manera manual, reafirmando que no existen indicios formales que validen la tesis de un presunto fraude masivo.