Este martes, diversas autoridades técnicas y misiones de observación en Colombia desmintieron categóricamente la presunta modificación del censo electoral denunciada por el presidente Gustavo Petro. El mandatario había rechazado públicamente los resultados del preconteo de las recientes elecciones presidenciales, argumentando una supuesta adición irregular de votantes para perjudicar a su sector político, lo que motivó una exhaustiva revisión institucional que finalmente descartó dichas acusaciones por carecer de sustento técnico.

La controversia escaló luego de que el jefe de Estado asegurara que el software de escrutinio había sido alterado en tres oportunidades durante la última semana previa a los comicios. Según su versión, se habrían incorporado cerca de 800.000 cédulas de manera artificial al sistema manejado por una firma privada, creando lo que él denominó un censo paralelo. Para intentar validar esta hipótesis, Petro hizo público un listado de 5.300 mesas de votación donde, a su juicio, se habría presentado un supuesto comportamiento atípico en el flujo de sufragantes.

Sin embargo, los análisis de verificación de hechos y los reportes de expertos demostraron que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad del sistema democrático. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que el escrutinio oficial avanza con total normalidad y está confirmando la tendencia mostrada en el preconteo. Los especialistas recalcaron que el software funciona estrictamente como un consolidador de los datos consignados físicamente en las actas (formularios E-14 y E-11), haciendo imposible la inyección digital de votantes sin que exista un respaldo en papel, lo que derrumba la tesis de un presunto fraude masivo.

La negativa gubernamental a reconocer la voluntad de las urnas ha generado un clima de alta tensión institucional que ya trasciende lo puramente electoral. Tras desconocer las cifras preliminares, el presidente anunció que asumiría un rol activo frente a la campaña de su candidato para la segunda vuelta, situación que desencadenó de inmediato denuncias formales en su contra por una presunta participación indebida en política y supuesto abuso de función pública. Las autoridades competentes insisten en respetar el desarrollo legal del escrutinio a cargo de los jueces de la República para garantizar la transparencia del proceso.