La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación que llama a juicio a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. La diligencia judicial se da por su supuesta participación en el delito de tráfico de influencias, tras las presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de un lujoso penthouse al norte de la capital y el supuesto favorecimiento a particulares mediante contratos estatales.

El centro de la controversia recae sobre el apartamento 901, un inmueble situado en el exclusivo sector de El Chicó. De acuerdo con las indagaciones del ente acusador, el directivo habría adquirido esta propiedad recibiendo presuntamente un descuento injustificado que rondaría el 34 % frente a su avalúo comercial real. Las autoridades investigan si estas aparentes facilidades en la negociación del apartamento estuvieron directamente ligadas a devoluciones de favores desde la petrolera estatal.

La teoría de la Fiscalía sostiene que, aprovechando su máxima posición de poder, el presunto infractor habría intervenido de manera indebida ante Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol —una importante filial de Ecopetrol—. El objetivo aparente habría sido beneficiar al contratista y empresario Juan Guillermo Mancera, presionando para que se le adjudicara el estratégico proyecto de gasificación Chuchupa-Ballena a la compañía Gaxi S.A. ESP, propiedad de dicho empresario.

Para sustentar estas afirmaciones, el expediente judicial detalla una serie de reuniones que presuntamente habrían tenido lugar entre agosto de 2024 y enero de 2025. Los investigadores han señalado encuentros puntuales, tales como un almuerzo en el restaurante Flora, ubicado en la localidad de Chapinero, y citas privadas celebradas justo después de las sesiones de junta directiva en las propias instalaciones de Ecopetrol. Según el ente acusador, en dichos espacios se habrían impartido las directrices para concretar este presunto direccionamiento contractual.

A pesar de que el proceso avanza a la etapa de juicio, es fundamental subrayar que a Ricardo Roa lo cobija plenamente el derecho a la presunción de inocencia. En diligencias previas, el alto ejecutivo rechazó tajantemente los cargos en su contra y se declaró inocente, mientras que su defensa argumenta la plena legalidad de la transacción inmobiliaria. Finalmente, será única y exclusivamente un juez de la República quien, tras analizar las pruebas en el juicio oral, dicte sentencia para confirmar o descartar la responsabilidad penal del implicado.