–La Defensoría del Pueblo reportó en su Boletín de Movilidad Humana que durante mayo de este año, 2.799 personas tuvieron que abandonar sus hogares en 15 eventos de desplazamiento forzado masivo y otras 15.045 quedaron confinadas, esto es, con su movilidad restringida, como consecuencia de la violencia promovida por las agrupaciones armadas ilegales.

Según la Defensoría, los datos del Boletín reflejan una realidad persistente: el confinamiento se posiciona como el mecanismo más usado por los grupos armados ilegales para ejercer el control territorial. Así, mientras se apoderan de los corredores estratégicos y las economías ilegales, las comunidades quedan encerradas, con serias dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud, educación y otros derechos esenciales.

Los eventos de confinamiento se concentraron en Caquetá y Putumayo, y los desplazamientos se registraron en Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca.

De las cerca de 2.800 personas desplazadas durante el mes, casi la mitad estaba en El Tarra y Tibú (Norte de Santander). También se reportaron hechos en Barrancominas (Guainía), Buenaventura (Valle del Cauca) y Roberto Payán y Linares (Nariño).

En cuanto a confinamiento, 61.104 personas vieron limitada su movilidad y la posibilidad de acceder a servicios básicos. Los departamentos con más casos son Putumayo, Caquetá, Chocó, Cauca y Antioquia.

Estos casos reflejan la crisis humanitaria que persiste y que ponen en riesgo… pic.twitter.com/uSNJzEVWsg

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 19, 2026

La Defensoría advierte que las consecuencias del desplazamiento y el confinamiento continúan impactando en mayor medida a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Entre enero y mayo del 2026, los desplazamientos forzados masivos impactaron a 13 comunidades afrodescendientes y 14 comunidades indígenas. Asimismo, varios de los eventos de confinamiento ocurrieron en territorios habitados por 25 comunidades étnicas, de las cuales 19 son indígenas y 6 afrodescendientes.

Estos hechos sitúan a estas comunidades en un lugar de doble vulneración, pues ven afectadas la garantía de sus derechos fundamentales, la permanencia en sus territorios, sus formas de vida, su cultura, así como sus procesos de autonomía comunitaria.

Mientras tanto, según el informe de la Defensoría, en Colombia disminuye la migración irregular.

Entre enero y mayo del 2026, 44.597 migrantes estuvieron en tránsito irregular por Colombia, lo que representa una reducción del 38,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 72.699 personas migrantes.

El flujo migratorio inverso desde Panamá hacia Colombia disminuyó un 61,2 %, pasando de 10.246 personas entre enero y mayo del 2025 a 3.980 personas en el mismo periodo del 2026. Esta tendencia está relacionada con el endurecimiento de las políticas migratorias en países del norte del continente y el aumento de las deportaciones.

Mayo también estuvo marcado por un avance significativo en materia de protección de derechos. Con la expedición de la Ley 2577 de 2026, se reconoce el desplazamiento forzado interno asociado al cambio climático, la degradación ambiental y los desastres.

La norma crea el Registro Único de Desplazamiento Ambiental y establece mecanismos para identificar, proteger y atender a las personas, familias y comunidades afectadas por este tipo de fenómenos.

Según este boletín, entre enero y mayo del año en curso, la Defensoría les hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad forzada asociados a factores ambientales, que provocaron el desplazamiento de 25.453 personas. Córdoba es el departamento con mayor afectación, seguido por municipios de Nariño, Cauca y Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando las emergencias humanitarias derivadas del desplazamiento forzado, el confinamiento y otros factores que afectan la movilidad humana. Igualmente, reitera el llamado a las autoridades a fortalecer las medidas de prevención, protección y atención integral, con el fin de que sean garantizados los derechos de las comunidades afectadas.