–Los gremios empresariales reaccionaron contra la actitud asumida por el presidente saliente Gustavo Petro de desconocer la legitimidad del nuevo mandatario de Colombia Abelardo de la Espriella. «Que me toquen un pelo y se encontrarán con las y los jaguares en Colombia y en el mundo», fue lo último que dijo Petro frente al anuncio de la Espriella que le hará pagar todos los delitos que ha cometido como jefe del Estado.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales Colombiano, Andi, advirtió que «no está dentro de las facultades de un presidente, reconocer, o no, el resultado de las elecciones. Simplemente debe acatar lo que ha decidido el pueblo».

«Llevamos meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones. Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduria, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros. Sabia que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca», puntualizó.

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, afirmó: «Que Petro, a un mes de dejar la Casa de Nariño, haga declaraciones altisonantes sin sustento no sorprende. El dolor de la pérdida del poder le ha generado negación y nostalgia. Es un mal perdedor y, de allí, los bandazos de no querer reconocer la derrota».

Añadió que tampoco sorprende que se niegue a hacer un empalme anticorrupción, porque cada día se destapan más escándalos.

Además señaló que lo que llama la atención es que haya funcionarios de su gobierno que aún no saben que la Ley 951 de 2025 les exige hacer entrega del cargo y que quien lo recibe puede solicitar más información, con incidencia disciplinaria, aun cuando aquellos hayan dejado su cargo.

«Qué mal parados deja a los funcionarios que se nieguen a hacer el empalme y a entregar su cargo. Este es un daño para todo el país», concluyó Cabal.

Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria de Colombia, Asobancaria, rechazó también el desconocimiento de los resultados de la segunda vuelta vuelta presidencial del 21 de junio por parte del jefe de Estado saliente Gustavo Petro. Afirmó que cuestionar la legitimidad del gobierno electo y sostener que el ganador de la contienda habría sido el candidato Iván Cepeda, contrarían la decisión soberana de los colombianos y ponen en grave riesgo la estabilidad democrática e institucional del país.

Subrayó que la elección fue verificada y declarada oficialmente por la organización electoral, tras agotar el escrutinio previsto en la ley y con el acompañamiento de veedurías internacionales. «Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia y respaldamos plenamente su legitimidad», añadió.

Advirtió que en un Estado de derecho, las inconformidades se tramitan ante las autoridades competentes, por los mecanismos que establecen la Constitución y la ley, y no mediante pronunciamientos que socavan las instituciones.

«Asobancaria y sus entidades agremiadas reiteran su compromiso con la democracia, la separación de poderes y el respeto a la legalidad. La certidumbre institucional es condición indispensable para la confianza, el crecimiento, la
inversión y el empleo», puntualizó.

Por último invitó respetuosamente al Gobierno Nacional a adelantar una transición ordenada y de buena fe con el equipo del presidente electo, que garantice la continuidad de las funciones del Estado y la posesión presidencial el 7 de agosto, como lo ordena la Constitución. La entrega pacífica del poder es una de las tradiciones más valiosas de nuestra vida republicana, un patrimonio de todos los colombianos que no puede sucumbir ante el delirio de unos cuantos.

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, señaló que Colombia necesita serenidad, responsabilidad y respeto absoluto por las instituciones. «La transición democrática debe garantizar una entrega de gobierno ordenada, técnica, transparente y responsable; no puede convertirse en un escenario de confrontación que
afecte la confianza ciudadana, la estabilidad económica y la tranquilidad del país», afirmó.

Subrayó que el mandato expresado en las urnas debe respetarse. Las diferencias políticas, por profundas que sean, deben tramitarse por las vías institucionales, legales y democráticas, siempre bajo el marco de la Constitución.

«Desde ACOPI hacemos un llamado al Gobierno saliente, al presidente electo, a los partidos políticos, a las autoridades y a todos los liderazgos nacionales para que actúen con grandeza y sentido de país», precisó.

Además señaló que las MiPymes, que sostienen el empleo y el bienestar de millones de familias, necesitan un país estable, predecible y unido. Colombia requiere puentes, diálogo y garantías para la democracia; no más incertidumbre ni polarización.

«La democracia se defiende respetando las instituciones, la voluntad ciudadana y la Constitución. Ese debe ser el camino», concluyó.

De otro lado, la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y sin filiación política, rechaza las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que se niega a reconocer la legitimidad del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella. Afirmar, contra toda evidencia, que Iván Cepeda ganó las elecciones, y anunciar acciones legales contra los resultados del pasado 21 de junio, son profundamente antidemocráticas y ponen en riesgo la institucionalidad y el traspaso pacífico del poder.

Advirtió que el presidente Petro no tiene competencia alguna para determinar que «Abelardo no ganó las elecciones» ni que «el presidente de Colombia [… ] es el filósofo Iván Cepeda», como lo hizo.

Subrayó que según la Constitución de 1991, la declaratoria de los resultados, el escrutinio y la expedición de credenciales electorales son competencia del Consejo Nacional Electoral. Esta entidad ya declaró como ganadores de las elecciones del 21 de junio a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. De igual forma, los candidatos Iván Cepeda y Aida Quilcué aceptaron sus curules en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, como corresponde según el Estatuto de la Oposición. Vale decir que las elecciones que llevaron a estos resultados fueron vigiladas por múltiples observadores nacionales e internacionales, entre los que existe el consenso de que fueron transparentes y justas.

Además indicó que tampoco es potestad del presidente autorizar el traspaso de poder o el permitir la posesión del Gobierno entrante.

Aseguró que aunque sus afirmaciones carecen efecto legal, es especialmente grave que el presidente de la república, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, siembre dudas sobre la legitimidad de las elecciones e inste a la ciudadanía a no reconocer al Gobierno entrante. Sus declaraciones pueden interpretarse como una invitación a desconocer los mecanismos constitucionales e institucionales que rigen el traspaso del poder y a obstaculizar la posesión de Abelardo de la Espriella, que, según la Constitución y la ley, debe tener lugar el 7 de agosto, independientemente del parecer del actual presidente.

EI 7 de agosto, Abelardo de la Espriella deberá tomar posesión y prestar juramento ante el Congreso, o ante la Corte
Suprema de Justicia, si lo anterior no es posible, o ante dos testigos, en su defecto. Ni la Constitución ni las leyes
requieren la aprobación del presidente saliente, enfatizó.

Finalmente hizo un llamado «a la sociedad civil y a todas las instituciones del Estado a rechazar las declaraciones del
presidente Petro y a respaldar las normas y las disposiciones que protegen la democracia en Colombia. También
exhortamos al presidente a reconocer su deber, como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, de
respetar la Constitución y las leyes y contribuir a que el traspaso del poder se dé de forma pacífica y oportuna. De
insistir en el desconocimiento de los resultados oficiales y del procedimlento constitucional de transición del poder,
el presidente Petro atentaría contra la democracia colombiana».