–En Colombia se registran 132.877 personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado, según el último universo de datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. De ese total, 108.096 son hombres y 17.618 mujeres. Y la Unidad Nacional de Búsqueda de la JEP ha recibido más de 33.630 solicitudes de búsqueda.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este 30 de agosto, la Defensoría del Pueblo advirtió que este delito continúa golpeando al país y reiteró que es permanente e imprescriptible mientras no se establezca el paradero de la persona.

Entre el 1 de enero y el 1 de julio de este año, la entidad recibió 244 declaraciones por hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado. A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha identificado escenarios de riesgo asociados a la disputa por economías ilícitas, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, la trata de personas y las rutas migratorias, con especial preocupación en las zonas del Darién, Norte de Santander y San Andrés.

La Defensoría también documentó afectaciones que golpean a lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), así como a firmantes del Acuerdo Final en proceso de reincorporación.

De acuerdo con el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre la Misión de Verificación en Colombia, 58 firmantes han sido reportados como desaparecidos desde la firma del Acuerdo, cifra que coincide con las advertencias formuladas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada sobre la persistencia de este fenómeno en el país.

Durante 2025, la Defensoría orientó y asesoró a 2.183 personas con género identificado, de las cuales el 65,9 % eran mujeres; entre enero y agosto del 2026, esa proporción se incrementó al 68,9 % (de acuerdo con cifras del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, SIIJT).

El SIIJT registró, además, que la desaparición forzada concentró el mayor volumen de atención durante 2025, con 3.205 casos. En los primeros ocho meses del 2026, esa atención ya acumula 2.145 casos, un ritmo que, de mantenerse, superaría el total registrado el año anterior.

El universo de la desaparición en Colombia

Según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el universo de personas desaparecidas en el país asciende a 137.000. El mismo reporte da cuenta de 51.716 personas buscadoras registradas —más del 63 % mujeres— y de 54.076 personas que han acudido a la Unidad como familiares o allegadas en busca de un ser querido.

Buena parte de las personas buscadoras superan los 60 años y afrontan una difícil situación humanitaria, lo que resalta la importancia del relevo generacional para dar continuidad a la búsqueda. Las familias de pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom, por su parte, viven este proceso de manera diferenciada y cuentan con un marco de protección reforzada.

Un llamado urgente tras el sismo en Chocó

Junto con la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior y más de 15 organizaciones de la Mesa de Trabajo contra la Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a proteger los cementerios afectados por el sismo de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar (Chocó).

Entre ellos, los de Roldanillo y Siloé (Valle del Cauca), Sonsón y Caramanta (Antioquia) y San Camilo (Risaralda), pues el movimiento telúrico dañó la infraestructura donde reposan cuerpos de personas desaparecidas.

La Defensoría insiste en que la búsqueda de una persona desaparecida constituye un derecho autónomo de las víctimas y sus familias, así como una obligación del Estado que no depende de la existencia de un proceso penal ni de una denuncia previa.

Recuerda, asimismo, que cualquier persona puede solicitar el Mecanismo de Búsqueda Urgente ante cualquier autoridad judicial sin necesidad de abogado, y que no es preciso esperar 72 horas para activar los protocolos de búsqueda.

La entidad reitera su compromiso con las víctimas de desaparición forzada y con las personas buscadoras, y hace un llamado a la institucionalidad estatal y a la sociedad para garantizar que cada búsqueda encuentre respuesta, en cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y la no repetición.

La Unidad de Búsqueda hace un llamado para que otras entidades públicas, así como actores privados y la sociedad en general, sumen esfuerzos que permitan dar con el paradero de quienes llevan décadas, años, meses o días sin regresar a sus hogares.

La desaparición más antigua en el contexto del conflicto armado, registrada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), corresponde al año 1921. Tobías Borda Cepeda fue visto por última vez en el municipio de Rondón, en Boyacá —que en aquel momento era conocido como San Rafael—. Sus seres queridos, hacendados de la región, no volvieron a tener información acerca de su paradero.

Desde la desaparición de Tobías y hasta el 1 de diciembre de 2016, la UBPD registra 137.000 personas desaparecidas. De estas, el 48,5 por ciento sufrieron este flagelo en la década de los 2000, siendo los años 2001, 2002 y 2003 los de mayor impacto, así como Antioquia, Meta y Valle del Cauca los departamentos con los registros más altos, respectivamente.

Partiendo de esta realidad y reconociendo que el delito se ha perpetrado en el tiempo, como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (que se recuerda cada 30 de agosto), la Unidad de Búsqueda hace un llamado para que otras entidades públicas, así como actores privados y la sociedad en general, sumen esfuerzos que permitan dar con el paradero de quienes llevan décadas, años, meses o días sin regresar a sus hogares.

«Esta es una fecha fundamental para recordar que la desaparición no ha cesado. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) nos señala que, después de la firma del acuerdo de paz, 2.659 personas han sido desaparecidas; por eso, debemos unirnos como sociedad, como colombianas y colombianos, para buscarles, porque la búsqueda es un compromiso del presente», expresó Luz Janeth Forero Martínez, directora general de la UBPD.

Plano medio de dos mujeres abrazándose fuertemente. La mujer de la derecha, vestida con una blusa blanca de hombros descubiertos, rodea con sus brazos los hombros de la otra persona y mantiene los ojos cerrados con gesto emotivo. La mujer de la izquierda viste chaleco negro sobre camiseta blanca y lleva un reloj digital de pulso rosado. La escena transcurre en el exterior de una edificación.

Según el último informe publicado por el CICR, los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander registran el 59 por ciento de las desapariciones ocurridas después de la firma de los Acuerdos de Paz, lo que demuestra consistencia en los hechos y en su distribución geográfica.

Desde su creación, la Unidad de Búsqueda se ha caracterizado por el despliegue territorial logrado mediante sus 27 sedes con cobertura en todo el país. Acompaña y orienta las búsquedas cobijadas en su mandato, pero también guía, desde su carácter humanitario, las que no corresponden a su temporalidad. Tal fue lo vivido con el terremoto del pasado 10 de agosto, cuando la UBPD recopiló 159 reportes que posteriormente fueron gestionados siguiendo los protocolos establecidos para la catástrofe natural.

Fotografía desde la parte trasera de un hombre con gorra negra y camiseta del mismo color, quien sostiene un teléfono celular para tomar una foto del altar de entrega digna. Sobre la mesa cubierta con mantel blanco reposa un cofre fúnebre de madera con la cinta con el nombre de Jhon Henry Graciano, junto a un girasol y un marco de madera con la foto del joven desaparecido. Al fondo se divisa el pendón de la UBPD.

En años anteriores, la Unidad de Búsqueda resaltó que la desaparición no era un hecho del pasado. Hoy, desde ese conocimiento, extiende el llamado a la acción recordando que, si la desaparición continúa, la búsqueda debe ser prioritaria, garantizando la entrega de respuestas oportunas y, sobre todo, la construcción de bases sólidas que permitan la no repetición.