–El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó este domingo que identificó 9 de los 10 cuerpos que ingresaron para abordaje forense y relacionados con acciones militares en el marco de la Operación Amón, realizada el 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

El día 29 de agosto se recibieron 10 cuerpos, relacionados con los hechos ocurridos el día 27 agosto en las acciones militares realizadas por la Fuerza Pública en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare, denominada Operación Amón.

Nueve (9) de los diez (10) cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra.

De los nueve (9) cuerpos identificados 4 son femeninos; 5 masculinos y 3 son menores de edad.

El Ministerio de Defensa reaccionó al informe de Medicina Legal sobre los tres muertos en la operación, señalando que su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra.

«Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan», afirmó en un comunicado.

Además hizo una relación de la forma como se realizó la operación:

El Ministerio de Defensa Nacional se permite informar al país, de manera precisa, los resultados de una contundente operación articulada de la Fuerza Pública, así como la denuncia por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de grupos armados narcoterroristas.

1. El pasado 27 de agosto, en una operación conjunta y coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se realizó un ataque aéreo estratégico sobre tres zonas campamentarias en cercanías del rio Inírida en el municipio de El Retorno, Departamento del Guaviare contra una estructura del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ dirigida por alias ‘Cotiz’, de la facción del terrorista alias ‘Calarcá’.

2. Como resultado de la operación militar, se neutralizaron 10 de sus integrantes, todos ellos combatientes; así mismo se capturó uno más y se recuperó a un menor de edad en función continua de combate a quien se le reestablecieron sus derechos.

3. En el sitio del bombardeo, se incautaron: 19 fusiles, 7 ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas para mortero, 8 granadas de 40 mm, 174 proveedores, 184 minas antipersonas, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones.

4. La operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución y también se realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos que exige la ley. Entre ellos la entrega de los cuerpos a medicina legal para su respectiva identificación.

5. De acuerdo con lo que reporta el día de hoy el Instituto Nacional de Medicina legal se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años).

6. EI reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es clara la responsabilidad de los Grupos Armados Organizados narco terroristas, que infringen no solo el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito.

7. Los ministerios de Justicia y Defensa avanzan en una mesa de trabajo para fortalecer la respuesta del Estado frente al reclutamiento y utilización de menores por estructuras narcoterroristas.

Para ello, serán convocadas la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y demás entidades competentes, con el fin de definir una ruta integral que fortalezca la protección de los menores y la sanción de quienes los reclutan, utilizan o instrumentalizan para cometer delitos, incluyendo posibles ajustes penales, agravación de sanciones y el fortalecimiento de la persecución de las cadenas de mando y las redes de captación.

El Ministerio de Defensa lamenta que nuestros menores sigan siendo reclutados e instrumentalizados por grupos terroristas y bandas criminales y rechaza de manera categórica esta aberrante práctica.