El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender de manera provisional la ejecución de los convenios interadministrativos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional para la elaboración de pasaportes en Colombia. Esta medida cautelar, anunciada este jueves, se produce a raíz de una acción popular que cuestiona las presuntas irregularidades y la viabilidad financiera del nuevo esquema implementado por el Gobierno Nacional, lo que ha puesto bajo la lupa el proceso completo de producción y distribución de estas libretas de viaje.

La decisión judicial frena de forma específica los convenios interadministrativos 001 de 2025 y 005 de 2026, así como cualquier contrato o acuerdo derivado de los mismos. Según la alta autoridad judicial, la medida tiene como propósito revisar a fondo cómo se estructuró técnica y jurídicamente la cadena de suministro, personalización y custodia de los documentos. Cabe destacar que el tribunal dejó por fuera de esta suspensión el acuerdo internacional suscrito con la Casa da Moeda de Portugal, aclarando que no emitió un pronunciamiento sobre la legalidad de ese instrumento en particular.

Para sostener o levantar esta medida de suspensión, los magistrados le exigieron a la Cancillería, al Fondo Rotatorio y a la Imprenta Nacional presentar explicaciones detalladas y pruebas sobre el funcionamiento de su modelo. Específicamente, el tribunal solicitó que se acrediten los mecanismos de trazabilidad dispuestos en toda la cadena logística, además de los protocolos de seguridad creados para proteger los materiales sensibles y los datos personales de los ciudadanos involucrados en el trámite.

Pese al freno jurídico que sufre el proyecto gubernamental, la providencia es clara en proteger el derecho de los ciudadanos a contar con sus documentos de identificación. La orden judicial advierte de manera perentoria que la suspensión del convenio no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en una excusa para interrumpir, limitar o frenar el servicio. Las entidades gubernamentales están obligadas a adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para que la expedición de los pasaportes siga operando con total normalidad mientras dure el proceso.

La acción popular que desató esta medida fue interpuesta por un ciudadano que advirtió sobre los altos riesgos económicos para el Estado y las presuntas fallas en la planeación del proyecto. Según los argumentos expuestos en el litigio, el esquema propuesto podría derivar en un modelo financieramente insostenible que pondría en riesgo de quiebra a la Imprenta Nacional. Mientras el sistema judicial determina si existen responsabilidades definitivas o violaciones a la ley contractual, el nuevo modelo propuesto por el Gobierno entra en una etapa de congelamiento.

Este escenario representa un nuevo y complejo desafío para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que buscaba transformar desde cero la manera en la que el país emite sus documentos de viaje tras las polémicas suscitadas con los contratistas anteriores. Debido a que la apelación de esta medida se concede en efecto devolutivo, la suspensión rige de manera inmediata, dejando la responsabilidad en manos de las autoridades para demostrar que el sistema propuesto es transparente, seguro y apegado a la normativa vigente.