Tres integrantes del Ejército Nacional perdieron la vida y cinco más resultaron heridos en las últimas horas, tras ser víctimas de un ataque perpetrado con un enjambre de drones equipados con explosivos contra el cantón militar Trapiche, ubicado en Ocaña, Norte de Santander, en una incursión que presuntamente habría sido ejecutada por miembros de grupos armados ilegales.

La ofensiva se desencadenó durante la noche, cuando múltiples aeronaves no tripuladas sobrevolaron el complejo militar arrojando cargas explosivas de forma coordinada. Los impactos directos provocaron severos daños en la infraestructura de los alojamientos y en diferentes áreas operacionales del batallón. Durante el hostigamiento, se reportó además que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, que permanecía en las instalaciones, sufrió afectaciones a causa de las detonaciones.

En un primer reporte oficial, la Segunda División del Ejército Nacional confirmó el fallecimiento en el lugar del capitán Marco David Piragón Montezuma y del soldado profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo. Posteriormente, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, informó que un tercer uniformado, el soldado profesional Jhon Carlos Marrugo Manjarrez, perdió la vida en la madrugada mientras era intervenido quirúrgicamente en el hospital regional Emiro Quintero Cañizares, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Ante este grave panorama de seguridad, las autoridades locales y militares intensificaron los patrullajes y controles operativos en la provincia para garantizar la tranquilidad de los habitantes y localizar a los supuestos responsables de esta acción. En declaraciones a medios de comunicación, el mandatario local hizo un llamado vehemente al respeto por el Derecho Internacional Humanitario, recordando que las confrontaciones armadas terminan afectando desproporcionadamente a la población civil rural de la zona.

El uso de tecnologías comerciales adaptadas para atentar contra la fuerza pública evidencia un escalamiento en las tácticas de guerra en el nororiente del país. Diversas instituciones, incluyendo la Defensoría del Pueblo, rechazaron de manera categórica el empleo de estos dispositivos aéreos no tripulados, advirtiendo que su poca precisión al lanzar artefactos explosivos improvisados representa una amenaza indiscriminada que pone en altísimo riesgo la vida de las comunidades aledañas a los establecimientos militares