La plenaria del Senado de la República aprobó este martes en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que busca desmontar el esquema de paz previa e imponer sanciones penales efectivas a las organizaciones criminales que decidan entregarse a la justicia.

La jornada legislativa estuvo marcada por más de diez horas de intensos debates y tensiones políticas entre la bancada gubernamental y los sectores de oposición. Tras la intervención de decenas de congresistas, el articulado principal, el título y la pregunta del proyecto obtuvieron una mayoría de 57 votos a favor frente a 24 en contra, en una votación que motivó el retiro del recinto por parte de los parlamentarios del Pacto Histórico.

El cuerpo normativo establece condiciones estrictas y penas diferenciadas para quienes opten por acogerse a la justicia colombiana. A diferencia de marcos regulatorios anteriores, el texto restringe severamente los beneficios penales según la responsabilidad dentro de la estructura armada. En ese sentido, se fijó que los implicados en presuntos delitos de reclutamiento de menores únicamente podrán aspirar a una reducción máxima del 10 % en su condena.

Asimismo, el articulado endurece el tratamiento punitivo hacia los supuestos testaferros de las bandas armadas, fijándoles penas mínimas de seis años de prisión condicionales a la restitución total de las propiedades y activos de origen ilícito. Por otra parte, la plenaria eliminó la figura de los abogados intermediarios colectivos, disponiendo que todo trámite de sometimiento será de carácter estrictamente individual ante las autoridades competentes.

En materia penal y de cooperación judicial, la norma aclara que bajo ninguna circunstancia se suspenderán las órdenes de captura ni los trámites de extradición vigentes para los presuntos integrantes de los grupos armados que busquen acogerse a los beneficios. Esta disposición refuerza la aplicabilidad de los requerimientos de la justicia ordinaria e internacional.

Con la aprobación otorgada por el Senado de la República, el proyecto legislativo concluye su trámite en la cámara alta y pasa a la Cámara de Representantes para surtir sus discusiones finales antes de pasar a sanción presidencial.