–Un letal ataque contra un campamento del grupo terrorista colombiano Eln realizado el pasado viernes por el Ejército de Venezuela en cercanías a la frontera con Colombia contó con la ayuda de EE.UU, según informó The New York Times, citando como fuentes a funcionarios estadounidenses.

La acción militar, que dejó al menos 23 muertos, se desarrolló gracias a la ayuda de los servicios de inteligencia y drones de Estados Unidos, reseñó el influyente diario estadounidense. Hasta ahora no se había hecho público quién era el responsable del ataque.

Según el The New York times un alto mando militar venezolano, que pidió mantener en reserva su identidad, confirmó el lunes que las Fuerzas Armadas de ese país ejecutaron el ataque. Sin embargo, dijo que no había sido informado personalmente sobre la participación de Estados Unidos. Tampoco estaba claro quién operó los drones, aunque un funcionario estadounidense indicó que ese tipo de equipos suele ser manejado por las fuerzas militares de su país.

El informativo destaca que la operación conjunta subraya cómo el gobierno de Trump está cada vez más involucrado en los asuntos internos de Venezuela y cómo ha adoptado una estrategia cada vez más militarizada para combatir el narcotráfico en América Latina.

Advierte que el «ejército rebelde» colombiano operó libremente durante años al otro lado de la frontera, en Venezuela, donde se le permitió traficar cocaína y supervisar minas de oro ilícitas bajo el mandato de Nicolás Maduro, el derrocado presidente del país suramericano.

Sin embargo, puntualiza, tras la destitución forzosa de Maduro por la fuerza por Estados Unidos y el gobierno de Venezuela bajo el control del gobierno de Donald Trump, las fuerzas militares de Venezuela lanzaron la semana pasada un ataque letal contra el grupo, el Ejército de Liberación Nacional, mejor conocido por las iniciales Eln.

Juan Francisco García Escalona, dirigente de la ONG venezolana Fundaredes, escribió en su cuenta en X que la operación militar se realizó en el sector de Buena Vista del Meta, y señaló que los hechos están relacionados con disputas por el control de zonas de explotación de bauxita y coltán, así como de la coca.

Reseña que históricamente se han denunciado los vínculos y subordinación de autoridades regionales y municipales a los intereses de organizaciones identificadas como el ELN, las FARC y las FBL, todos los gobernadores de Apure y los Alcaldes responden al ELN y las FBL.

Sin embargo, advierte que entre los muertos dejados por el bombardeo al Eln habría civiles, personas ajenas al grupo terrorista colombiano.

Según información preliminar recibida del bombardeo, señala, nueve personas habrían muerto y sus cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando, donde una comisión nacional del CICPC estaría realizando los procedimientos forenses correspondientes, otras diez personas fallecidas han quedado en la zona y un número no determinado de heridos que habría logrado llegar a territorio colombiano.

Personas de Puerto Páez han comunicado nombres y referencias de documentos que fueron encontrados en la zona.

Los datos proporcionados son los siguientes:

Jesús Javier Brugal Carrero, Cédula de identidad: V-11.821.394. Estado civil consignado: soltero.

Juan Carlos Guerrero Márquez, Cédula de identidad: V-16.790.349. Estado civil consignado: soltero.

También se mencionan licencias de conducir venezolanas con los nombres de:

Jesús Javier Brugal Carrero.
Wilden Luis Solorzano Camacho.
Gabriel Carlos Brugal.

Entre los objetos referidos figura, además, una tarjeta o credencial de Signature Aviation con la expresión “Guest Experience”, que las fuentes relacionan con operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Las comunidades necesitan respuestas, lo urgente es esclarecer qué ocurrió, proteger a la población civil e identificar a las víctimas mediante procedimientos verificables, con notificación a sus familiares, indica García.

Las comunidades de Apure merecen una explicación pública sobre estas denuncias, las operaciones militares reportadas y las medidas que se adoptarán para garantizar su seguridad.

La gravedad de lo relatado exige investigación y transparencia, no silencio ni conclusiones anticipadas, esperemos que el Estado Venezolano en esta oportunidad actúe con transparencia, concluye.