–Tras nueve años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera persisten retrasos críticos en su implementación, advirtió la Defensora del Pueblo, Iris Marín, al hacer un balance del desarrollo de ese pacto que terminó con las Farc, pero no con la violencia: «Persiste la violencia en territorios, con más de 200 asesinatos de líderes sociales y excombatientes en 2024 (un aumento del 10% respecto al 2023), impidiendo las garantías de no repetición».

Además se refirió a las disidencias o los grupos que se apartaron del acuerdo y con los cuales se pretende ahora pactar la paz. “No se deben dar incentivos perversos. Quien incumplió el Acuerdo, le incumplió a Justicia y Paz, quien tuvo su oportunidad y no la cumplió debe tener un tratamiento distinto, que quiere decir: no reconocimiento político, no reconocimiento de beneficios judiciales ni de justicia transicional, ni suspensiones de órdenes de captura, ni nada que haga pensar que da lo mismo cumplirle a la paz que no cumplirle”, precisó la Defensora del Pueblo.

En su balance, la defensora del Pueblo resaltó que, aun cuando ha habido esfuerzos en su implementación, los retos y desafíos en distintas materias persisten.

“Tenemos un pecado original, que es la no implementación oportuna del Acuerdo Final de Paz», indicó, atribuyendo este hecho al menos a dos factores: uno, un factor institucional de coordinación y de articulación del Estado en torno a su implementación en el territorio y especialmente el Punto uno; y dos, un factor político: la polarización en torno al Acuerdo hizo perder mucho tiempo y es un tema que sigue vigente; el Acto Legislativo 02 de 2017 dice que es obligatoria su implementación durante tres periodos de gobierno y todavía falta uno”.

En el acto conmemorativo de los ‘Nueve años del Acuerdo de Paz’, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, intervenino en el panel ‘Los derechos humanos y la seguridad, un camino para la paz’, para hacer las siguientes obsevaciones sobre el desarrollo de la implementación:

Punto 1. Reforma Rural Integral

La adjudicación de tierras fue de 26.384 hectáreas en 2024, lo que se traduce en el 1,19% de la meta total de tres millones de hectáreas, esto refleja un avance mínimo frente a la magnitud del compromiso. Los conflictos de tenencia persisten en el 40% de los territorios rurales, estrechamente vinculados con la violencia armada y las demoras en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Aunque el indicador de Ruta de Implementación Activada se ubica en 56,1%, se trata de un progreso más administrativo que real en la ejecución.

La situación financiera es crítica, pues solamente el 17% de los recursos permite medir impactos tangibles; además, se han detectado 113 irregularidades que comprometen $4.794 millones, y existe un déficit de $10,26 billones en electrificación rural. A ello se suma la baja participación de mujeres en los mecanismos de coordinación, apenas del 33%, y la limitada incorporación de enfoques étnicos y ambientales.

Punto 2. Ampliación de la democracia

Hay retrasos en reformas legislativas fundamentales, como la Ley Orgánica de Planeación y las medidas para garantizar el derecho a la protesta. La participación de mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH) se ve afectada por la baja implementación de medidas efectivas para su inclusión, mientras que las veedurías ciudadanas y los consejos territoriales de paz carecen de fortalecimiento real.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz enfrentan obstáculos para la inclusión de mujeres y grupos étnicos. A pesar de la expedición del Estatuto de la Oposición, la violencia política es alarmante, toda vez que más de 460 excombatientes han sido asesinados desde el 2016, 34 de ellos entre diciembre del 2024 y septiembre del 2025, y más de 40 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido del 2025. Los planes de seguridad apenas se han ejecutado en un 40%, mientras las amenazas contra lideresas y líderes sociales alcanzan los 300 casos, y los homicidios contra esta población aumentaron un 10%.

Punto 3. Fin del conflicto

Pese al cese al fuego y la dejación de armas, persisten graves brechas en el acceso a tierra, vivienda y sostenibilidad de proyectos productivos. Estas situaciones han desencadenado rezagos en el acceso a tierras, vivienda y proyectos productivos, lo que debilita la implementación de planes de reincorporación y las garantías de seguridad para los firmantes y sus familias.

La articulación institucional es insuficiente para el desmantelamiento de grupos armados y para la ejecución territorial del Programa de Reincorporación Integral (PRI) y del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR). La participación política de los excombatientes es baja: únicamente 3 de 144 candidatos firmantes fueron elegidos en 2023. El enfoque étnico presenta los menores avances, apenas un 9%, con planes aún no implementados.

Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas

La inclusión de mujeres, grupos étnicos y enfoques ambientales en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) sigue siendo insuficiente. Persisten los cultivos ilícitos debido a la falta de alternativas económicas y a los incumplimientos en el Pnis, ocasionados por los retrasos en los pagos de apoyo económico a las familias, como también por monitoreo territorial insuficiente. La escasa articulación con seguridad y justicia facilita la expansión de economías ilegales y afecta la seguridad de lideresas y líderes comunitarios.

La integración con la Reforma Rural Integral es limitada, con apenas 323 iniciativas de los Programas de Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) priorizadas, mientras la formalización de tierras y la atención a zonas de manejo especial continúan rezagadas. La ausencia de un plan nacional con metas e indicadores claros limita el seguimiento y la rendición de cuentas, y el aumento de cultivos ilícitos y deforestación en áreas protegidas agrava la crisis ambiental.

Punto 5. Víctimas son el centro de la paz

Tan solo 60 sujetos de reparación colectiva, que representan el 6%, cuentan con la implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva completos. La reparación colectiva, atendiendo al ritmo de avance, tardaría 26 años, superando los 15 previstos.

La reparación colectiva avanza en solo el 25% de comunidades étnicas, y los enfoques diferenciales son insuficientes: apenas el 30% de las medidas incorpora perspectiva de género, y más de 30.000 casos de violencia sexual aún no han sido resueltos, sin dejar a un lado que apenas el 35% de las víctimas individuales accede a reparación integral.

Además, persiste la violencia en territorios, con más de 200 asesinatos de líderes sociales y excombatientes en 2024 (un aumento del 10% respecto al 2023), impidiendo las garantías de no repetición.

Punto 6. Implementación y verificación

En relación con los mecanismos de seguimiento, presentan debilidades. Un total de 93 indicadores aún no cuentan con fichas técnicas, lo cual afecta el monitoreo. El financiamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y de las instancias asesoras es inestable, poniendo en riesgo su operación.

En enfoque de género, solamente el 13% de los compromisos está implementado en su totalidad y el 51% permanece en nivel mínimo, mientras persisten brechas en participación política, acceso a tierra, vivienda y crédito, además de falta de conectividad y cuidados compartidos. Sobre enfoque étnico, el avance es del 42,5%, con una brecha de 22 puntos frente al avance general del Acuerdo. La violencia contra lideresas y líderes étnicos es alarmante: el 52% de los asesinados en 2024 pertenecía a comunidades étnicas.

“No se deben dar incentivos perversos. Quien incumplió el Acuerdo, le incumplió a Justicia y Paz, quien tuvo su oportunidad y no la cumplió debe tener un tratamiento distinto, que quiere decir: no reconocimiento político, no reconocimiento de beneficios judiciales ni de justicia transicional, ni suspensiones de órdenes de captura, ni nada que haga pensar que da lo mismo cumplirle a la paz que no cumplirle”, manifestó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Avances del Acuerdo

Fueron formalizadas 337.793 hectáreas de tierras hasta noviembre del 2024, principalmente en territorios étnicos; hay participación en el Congreso con diez escaños durante dos periodos legislativos, excombatientes en cargos locales; fueron puestos en funcionamiento el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) y el Programa de Reincorporación Integral (PRI), superando rezagos de seis años; 99.097 familias han sido beneficiadas con el Pnis en 56 municipios (14 departamentos).

Se ha ordenado el pago de más de 500.000 indemnizaciones a víctimas del conflicto armado, y se ha avanzado en su atención psicosocial; fueron activadas 6 de las 7 instancias del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep); el Plan Marco de Implementación (PMI) alcanza un 70% de hitos verificados.

“El Acuerdo de Paz sí ha dado unos avances que no podemos desconocer, hay una Comisión de la Verdad, hay una Jurisdicción Especial para la Paz que ha entregado reconocimientos de responsabilidad, esclarecimientos, y en el Punto de Reforma Rural Integral, hay unos avances que son reducidos frente a las expectativas de lo que se planeó. Pero siguen siendo una hoja de ruta muy importante”, afirmó la Defensora del Pueblo.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Es clave fortalecer la coordinación interinstitucional y un financiamiento estable para superar la exclusión social, que haya equidad territorial y productividad agrícola; igualmente, fortalecer la participación comunitaria en el ordenamiento territorial y acelerar los incentivos productivos en regiones étnicas; también es fundamental reforzar los mecanismos de protección y seguimiento a la violencia política y la violencia contra los liderazgos sociales. Se hace necesario, asimismo, implementar un plan de choque de seguridad en zonas críticas, de manera particular en Catatumbo, Cauca, Meta, con enfoque colectivo.

Adicionalmente, es determinante asegurar la continuidad de los proyectos productivos, promoviendo asistencia técnica y acceso a mercados; adoptar un plan de acción con metas, indicadores y recursos definidos para la Política Nacional de Drogas; acelerar el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente en la emisión de sentencias con sanciones propias y la definición jurídica de comparecientes no responsables; garantizar el presupuesto suficiente para todos los programas y proyectos del Acuerdo, entre otras recomendaciones.

“Debe haber un consenso en torno a la paz en Colombia, que implica la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero es la paz de la Constitución, la paz de la gente, y debemos apostar a que dentro de un año, que se cumplen diez años del Acuerdo, estemos en un evento conjunto unidos en torno a esta necesidad, que es una deuda con la gente, y no debe ser más una dificultad política”, concluyó la Defensora del Pueblo.