–La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este miércoles que inició una investigación administrativa a la cadena de droguerías «Farmatodo» (de origen venezolano) por presunta infracción al Estatuto del Consumidor, relacionadas con posibles inconsistencias entre los precios de medicamentos informados y los efectivamente cobrados a los usuarios, así como eventuales restricciones indebidas para el ejercicio del derecho de retracto.

El organismo indicó que a esta conclusión se llegó luego de analizar una serie de quejas y de adelantar actuaciones de oficio que implicó la revisión del contenido del portal web de la compañía. En esta revisión se resalta que, durante eI periodo comprendido entre 2024 y 2025, se registraron aproximadamente 1.300 peticiones, quejas y reclamos de los consumidores relacionados con dobles cobros, cobros no identificados y pagos duplicados contra esta compañía.

Añadió que como resultado del análisis de las múltiples reclamaciones presentadas y de las actuaciones de oficio desplegadas, la Dirección de Investigaciones formuló pliego de cargos a Farmatodo por los siguientes comportamientos:

-Posibles fallas en la calidad del servicio de pago. Estas habrían generado cobros múltiples por una misma transacción, con la consecuente vulneración del deber de garantizar servicios idóneos y de calidad.

-Presunto cobro de precios superiores a los informados en algunos productos. Esto podría desconocer la obligación legal de respetar el precio anunciado al público.

-Presunto condicionamiento del ejercicio del derecho de retracto. En donde Farmatodo habría exigido a los consumidores la presentación de la factura de compra para ejercer el derecho de retracto 10 que devendría en la imposición de cargas adicionales a las previstas en el Estatuto del Consumidor.

Según la SuperIndustria, esta investigación administrativa se suma a las múltiples actuaciones adelantadas por esta entidad desde la llegada de la Superintendente Rusinque a su cargo, en el que se ha buscado promover relaciones de consumo transparentes, seguras y acordes con la normativa vigente.

Con este acto administrativo, la Dirección da inicio formal a la investigación y garantizará el derecho de defensa de la sociedad investigada quien podrá formular las solicitudes probatorias que considere pertinentes como soporte de sus argumentos de defensa, concluyó.