–Tres cabecillas de las disidencias de las Farc de alias «Calarcá» fueron imputados de múltiples crímenes por la Fiscalía General de la Nación en una inédita audiencia judicial. Se conectaron vía Internet desde su campamento en la convulsioada región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander.

La diligencia judicial fue realizada por un juez de control de garantías de la ciudad de Cúcuta, la capital nortesantandereana.

Virtualmente comparecieron el mandamas del llamado bloque Magdalena Medio, Javier Alonso Velosa Garcia, alias Jhon Mechas, y los «jefes» político y financiero del autodenominado frente 33, Carlos Eduardo García Tellez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, cuyas órdenes de captura fueron suspendidas por orden del presidente Gustavo Petro para que participaran en negociaciones de paz.

Estas personas habrían ordenado a sus estructuras armadas tomar control de las extorsiones a ganaderos y comerciantes, entre otras rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí (Norte de Santander). En cumplimiento de esa orden los demás integrantes del grupo armado ilegal… pic.twitter.com/wL8F9K8B9K

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 4, 2026

Otro cabecilla del frente 33, Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, actualmente preso en el pabellón de extraditables de la cárcel de La Picota en Bogotá, fue citado a la audiencia, pero no pudo conectarse por problemas técnicos y su diligencia fue reprogramada.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, de acuerdo con su posible participación en lo hechos, los imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.

La Fiscalía General de la Nación destacó que la estrategia de atención integral que definió para el caso, con ocasión de la ola de violencia desencadenada en la región del Catatumbo entre enero y abril de 2025, permitió obtener elementos materiales probatorios que dan cuenta de una directriz impartida por los máximos cabecillas de las disidencias de las Farc en esa zona del país para confrontar al Eln.

Los elementos materiales probatorios establecieron que estos cabecillas de las disidencias de las Farc habrían ordenado a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, Norte de Santander.

En cumplimiento de esa orden los demás integrantes del grupo armado ilegal promovieron acciones violentas, generaron miedo y zozobra en la comunidad, y ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos.

Las denuncias recibidas, las actividades investigativas realizadas y los análisis criminológicos adelantados sobre lo sucedido en el territorio permitieron identificar 37 víctimas de homicidio, 31 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y 87 personas afectadas por desplazamiento forzado.

La Fiscalía General de la Nación subrayó que avanza en el ejercicio de la acción penal como lo contempla la Directiva N°003 de 2025.

“Los fiscales continuarán con la investigación y la gestión y atención de las audiencias, con indiferencia de que el o los investigados o acusados tengan suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra. Para tal efecto, los beneficiarios de la suspensión serán citados a los correspondientes audiencia o trámite judicial a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP) sin afectarse su libertad personal”,. concluyó.