Óscar Muñoz, el diplomático que presuntamente tramitó la residencia en Nicaragua del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, fue reubicado como primer secretario de Relaciones Exteriores en la embajada de Guyana. Este controvertido traslado, ejecutado por la Cancillería colombiana, se produce en medio de un fuerte escándalo político y mediático, dejando en evidencia que no se cumplió la orden de retiro inmediato que había anunciado públicamente el presidente Gustavo Petro.

Semanas atrás, el mandatario colombiano había asegurado categóricamente en entrevistas radiales que el trabajador de la embajada, quien supuestamente colaboró con el exfuncionario hoy prófugo de la justicia, ya había sido desvinculado. «Fue un funcionario de una embajada al que yo no ayudé; lo echamos», aseveró el jefe de Estado al ser indagado sobre el tema. Sin embargo, investigaciones recientes de la prensa nacional confirmaron que Muñoz no fue apartado del servicio exterior, sino trasladado de Centroamérica hacia la nueva sede diplomática en Sudamérica.

Toda la polémica estalló meses atrás, cuando se filtraron imágenes de una celebración con música vallenata en Managua, donde el mencionado diplomático aparecía departiendo animadamente con Carlos Ramón González. Es pertinente recordar que el exdirector del Dapre tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el grave escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Tras aquel evento social y con el supuesto apoyo diplomático, González habría logrado establecerse bajo la protección del gobierno nicaragüense, evadiendo así los requerimientos de la justicia colombiana.

En su nuevo cargo en la embajada en Guyana, la cual es liderada por el embajador Graybern Livingston Forbes, el funcionario mantendrá exactamente el mismo rango que ocupaba en Nicaragua. De acuerdo con las revelaciones de las unidades de investigación periodística, en este puesto Muñoz devengará un salario mensual cercano a los 10.000 dólares, lo que equivale a más de 36 millones de pesos colombianos. Mientras esta reubicación genera indignación en varios sectores, las autoridades continúan esperando que el supuesto implicado en el caso UNGRD regrese al país para que un juez determine su grado de responsabilidad.