–(Imagen ilustrativa CC). Un nuevo llamado formuló la Corte Constitucional al Congreso de la República sobre la necesidad de regular penalmente la difusión no consentida de contenidos íntimos en plataformas digitales. La Sala Segunda de Revisión advirtió que en Colombia persiste un vacío de punibilidad específico frente a esta conducta y recordó que el Estado tiene obligaciones de prevención, protección y sanción frente a las formas de violencia contra las mujeres.

El pronunciamiento lo hizo la alta corporación judicial al estudiar la tutela interpuesta por Angela, en nombre propio y de su hija, en contra de su expareja sentimental Esteban y la pareja actual de este, Milena, debido a que accedieron, sin su consentimiento, a material audiovisual íntimo que se encontraba en sus dispositivos y archivos privados.

Angela sostuvo que desarrolla una actividad económica lícita mediante la producción de contenido para adultos, actividad que mantenía bajo reserva frente a su entorno familiar con el propósito de proteger a su hija. No obstante, una vez Esteban y Milena contaron con dicho material la amenazaron por lo que Angela invocó el amparo.

La Sala Segunda de Revisión, integrada por los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Juan Carlos Cortés González y Carlos Camargo Assis, quien la preside, concluyó que Esteban y Milena vulneraron los derechos de Angela y de su hija a una vida libre de violencia, a la intimidad, al buen nombre y a la propia imagen, así como el interés superior de la menor de edad.

La Corte determinó que la amenaza contra los derechos de Angela se concretó en la obtención no consentida del material audiovisual por parte de Esteban, en la posesión de los vídeos por Milena y en la amenaza de divulgarlos. También tuvo en cuenta que Milena no manifestó haber eliminado los vídeos ni negó que los tuviera en su poder.

Para la Sala, que Milena afirmara que no pretendía divulgar el material no era suficiente para considerar superada la afectación. Explicó que una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien mantiene la capacidad de afectar los derechos de otra persona, sino de la eliminación de esa posibilidad.

En cuanto a la actuación de Esteban, la Corte estableció que accedió sin autorización a los dispositivos y archivos privados de Angela, obtuvo el material íntimo y luego lo entregó a Milena. Precisó que el consentimiento de la titular debe analizarse no solo frente a la divulgación de los contenidos, sino también respecto de su obtención, tenencia y entrega a terceros.

La Corte reiteró que el consentimiento, como expresión de la autonomía y la autodeterminación, debe ser claro, inequívoco, específico y permanente, y además es revocable. En consecuencia, una autorización para determinado uso de un contenido no implica que este pueda difundirse de manera permanente o para finalidades diferentes de aquellas inicialmente consentidas.

La Sala recordó que autorizar la exhibición de determinado contenido en una plataforma especializada no supone renunciar a la protección de los derechos fundamentales ni permite que cualquier tercero pueda utilizar ese material para propósitos diferentes. El consentimiento está delimitado por el contexto en el que se desarrolla la actividad, la plataforma, el público y la finalidad para la cual se otorgó.

En consecuencia, la Corte reiteró que en la difusión no consentida de contenidos íntimos confluyen actos de violencia digital y sexual. Y concluyó que la amenaza de difusión podía afectar a la menor de edad porque permitía vincular el material con su núcleo familiar y proyectaba sus posibles efectos sobre el entorno en el que se desarrolla la vida de la niña.

Por estas razones, la Corte ordenó a Esteban y Milena que eliminen definitivamente todos los vídeos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante que se encuentren en su poder, ya sea en dispositivos, medios físicos o virtuales, servicios de mensajería, correo electrónico, nube o sistemas de almacenamiento.

Asimismo, les ordenó abstenerse de difundir, publicar, reproducir, comercializar, entregar o mostrar a terceros, por cualquier medio, los vídeos, imágenes o contenidos íntimos de la accionante. Y señaló que actualmente no existe en Colombia un tipo penal que establezca de forma directa las consecuencias jurídicas de la difusión no consentida de contenidos íntimos.

Por lo que la Corte reiteró, que este vacío de punibilidad genera una insuficiencia de protección frente a conductas que pueden producir afectaciones a los derechos fundamentales. En consecuencia, recordó y reiteró el exhorto formulado en la Sentencia T-184 de 2026 para que el Congreso de la República, en la próxima legislatura, se pronuncie sobre las consecuencias punitivas derivadas de la difusión no consentida de contenidos íntimos.

La Corte también considero que la actuación de la accionada no solo era reprochable desde la perspectiva de los derechos fundamentales, sino que también podría enmarcarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal. Por lo que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, ordenó la elaboración de una guía digital para la prevención de la difusión no consentida de contenidos íntimos, a cargo de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.