–Siete militares fueron asegurados por la masacre de San Jose de Apartadó. Simultaneamente, el fiscal del caso que lleva el proceso se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a otros 65 militares, quienes, sin embargo, continúan vinculados a la investigación.
Los uniformados procesados integraron algunas de la patrullas de la XVII Brigada del Ejército que a finales de febrero de 2005 intervinieron en el operativo ‘Fénix’, en la zona donde fueron asesinados tres menores de edad y cinco adultos.
De acuerdo con la investigación, el 21 de febrero de 2005 fueron muertos los niños Natalia y Santiago Bolívar Muñoz, y los adultos Alfonso Bolívar Tuberquia, Alejandro Pérez Castaño y Sandra Milena Muñoz Posso en la vereda La Resbalosa del municipio de Tierralta (Córdoba). Sus cuerpos fueron hallados en dos fosas.
Así mismo, en la vereda Mulatos Alto del corregimiento San José de Apartadó fueron cometidos los homicidios de Luis Eduardo Guerra Guerra, Beyanira Areiza Guzmán y del menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia.
Los abogados defensores de los 65 militares solicitaron precluir la investigación, pedido que fue negado por el fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo de la instrucción, que continúa con labores investigativas para ubicar a otros responsables de los homicidios.
En el mismo proceso, el fiscal instructor aseguró como presuntos coautores de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo a los siguientes miembros del Batallón Vélez: Alejandro Jaramillo Giraldo, teniente; Jorge Humberto Milanés Vega, subteniente ( r ); Henry Audelo Cuasmayán Ortega, suboficial; Ricardo Bastidas Candia, cabo segundo; Ángel Padilla Petro, sargento segundo; y Sabarain Cruz Reina, sargento segundo.
Igualmente, está con medida de aseguramiento el capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, a cargo de la Compañía Bolívar adscrita al Batallón Vélez. El oficial está sindicado como supuesto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo.
También se encuentran privados de la libertad cuatro integrantes de grupos ilegales de autodefensa, Jorge Luis Salgado David y Joel José Vargas Flórez entre ellos, como presuntos responsables de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Según lo establecido, algunas de las patrullas militares utilizaron como guías a miembros de grupos de autodefensa, quienes habrían intervenido directamente en la ejecución de los ocho homicidios.