El pleno de la Corte Constitucional de Ecuador aprobó el martes con algunos cambios las diez preguntas del referendo que impulsa el Gobierno para reformar la justicia, regular a la prensa y prohibir las corridas de toros, entre otros fines.

Los nueve magistrados ratificaron todas las preguntas, en su mayoría por seis votos a favor y tres en contra, durante una sesión que duró cerca de ocho horas y que estuvo abierta a la prensa.

En las cuestiones que conllevan una modificación en la Carta Magna, el pleno de la Corte respaldó un informe elaborado por el juez Patricio Herrera, quien mantuvo la esencia de las preguntas elaboradas por el Gobierno del presidente Rafael Correa, aunque introdujo algunos cambios

«Hemos realizado observaciones no de forma, sino sustanciales», dijo a la prensa tras la votación el presidente del tribunal, Patricio Pazmiño, que votó con la mayoría. «Las enmiendas a la Constitución tienen luz verde», añadió.

Derrotadas quedaron las propuestas de la magistrada Nina Pacari, que había sido designada por la Corte por sorteo para realizar un informe sobre las cinco preguntas principales de la consulta, que de ser aprobadas darán poderes a Correa para reestructurar el sistema judicial, entre otros objetivos.

Pacari recomendó mantener una de las cuestiones con importantes cambios, y rechazó el resto, por considerar que para su aprobación era necesaria una Asamblea Constituyente y no un referendo, puesto que violaban derechos constitucionales o afectaban la estructura básica del Estado.

La magistrada dijo a la prensa que la aprobación de las propuestas básicas del Gobierno por parte de la Corte «fue una decisión política, más que jurídica».

La pregunta que generó más debate fue la que propone ampliar el plazo de la prisión preventiva, la cual Pacari había aceptado con la salvedad de que éste sólo se extienda si el encausado prolonga deliberadamente los trámites para que se cumpla ese límite máximo y ganar así la libertad.

Herrera incorporó esa idea y también una sanción contra los jueces que no se pronuncien durante el plazo de prisión preventiva, pero según su propuesta los procesados continuarán en la cárcel aún cuando por negligencia del magistrado se cumpliera el límite de un año de prisión preventiva, según se quejó Pacari en la sesión.

Pacari votó en contra de las propuestas de Herrera, junto con Hernando Morales y Alfonso Luz Yunes, pero el resto del pleno respaldó las preguntas del Ejecutivo con los cambios planteados.

Las cuestiones tratan de la restricción de las medidas cautelares a la prisión preventiva, la prohibición de que los directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación tengan negocios ajenos a esos sectores, y dos preguntas respecto a la reestructuración del sistema judicial.

El pleno aprobó a continuación con algunos cambios menores las otras cinco preguntas, que entrañan cambios en la legislación, pero no enmiendas constitucionales, con base en un informe realizado por el juez Roberto Bhrunis.

El juez Manuel Viteri se unió a la minoría en tres de ellas, en las que votó en contra de la propuesta de Bhrunis, con lo que en esos casos el resultado quedó 5 votos a favor, frente a 4 en contra.

Esas cuestiones plantean convertir en delito «el enriquecimiento privado no justificado» y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros y las peleas de gallos.
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Además, la consulta popular propone la creación de un consejo de regulación para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.

El tribunal eliminó todas las frases introductorias de las preguntas, que presentaban la cuestión con expresiones como «con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación» y «con la finalidad de combatir la corrupción», por considerar que inducían a una respuesta afirmativa.

La Corte enviará el miércoles su dictamen a Correa, que si acepta el nuevo texto de las preguntas emitirá un decreto ejecutivo para la realización de la consulta.

Desde su emisión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá un siete días para convocar el plebiscito y otros sesenta para realizarlo. EFE