Los abogados de las víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, llevada a cabo por paramilitares en junio de 1997, podrían haber aumentado el número de muertos, los cuales serían 13 y no 49 como inicialmente se dijo.

Por esta razón, la Fiscalía le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que investigue si los juristas exageraron en la cifra de muertos con el fin de obtener beneficios en la demanda interpuesta contra el Estado en 2005, por estos hechos.

Según la fiscal Yolanda Prado el listado de las víctimas que están en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «no coinciden con los hechos investigados» por la Fiscalía en Colombia.

Estas supuestas ‘muertes falsas’, deberán ser reportadas por el organismo judicial a la corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado colombiano por la masacre.

Asimismo, el Ministerio de Defensa deberá revisar los pagos realizados a cada una de las víctimas mencionadas en la sentencia del organismo internacional.

De la misma manera, la Procuraduría solicitó que se investiguen posibles “hechos de corrupción” dentro de los informes que se presentaron en esta masacre.

En estos momentos, el general (r) Jaime Humberto Uscasteguí y el ex comandante de la Séptima Brigada del Ejército se encuentran pagando 40 años de prisión por la masacre.