La defensa de Baltasar Garzón y la fiscalía del Tribunal Supremo español pidieron el martes la anulación del juicio contra el célebre juez por querer investigar los crímenes del franquismo, en la apertura de un proceso que despierta gran expectación dentro y fuera de España.

Mundialmente conocido por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, Garzón, de 56 años, fue demandado ante el Tribunal Supremo español por dos grupos de ultraderecha: el sindicato de funcionarios «Manos Limpias» y la asociación «Libertad e identidad».

Lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977 por haberse declarado competente en 2008 para investigar unas 114.000 «desapariciones forzosas» ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75).

«Pedimos el archivo del procedimiento», lanzó al término de la primera audiencia el fiscal Luis Navajas, que en las fases previas al juicio ya había pedido la absolución del magistrado por considerar que su actuación no constituye un delito.

«Sustancialmente coincidimos en los mismos criterios sostenidos por la defensa», enfatizó.
Vestido con toga negra y mangas de encaje blancas, Garzón escuchó como su abogado defensor, Gonzalo Martínez-Fresneda, denunciaba la falta de «imparcialidad» del juez instructor Luciano Varela y aseguraba que la causa no es válida porque en ella no se querella ningún «perjudicado directo».

Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el mediático magistrado puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que supondría el fin de su carrera y dañaría la imagen de la justicia española en el mundo.

«El mundo entero tiene los ojos puestos en el Tribunal Supremo» español, señala el estadounidense Reed Brody, consejero jurídico de la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.

La alta corte tiene ahora hasta el 31 de enero para deliberar si acepta las peticiones de anulación.

De lo contrario, las audiencias deben reanudarse el próximo martes con la declaración de Garzón, al que seguirán, hasta mediados de febrero, los más de 20 testigos de la defensa, principalmente familiares de las víctimas del franquismo.

Garzón, que la semana pasada ya fue juzgado por el mismo tribunal por haber ordenado presuntas escuchas ilegales en un caso de corrupción que implica a la derecha española, había recibido a su llegada el apoyo de unas 200 personas que se manifestaban contra un proceso que denuncian como «injusto».

«Pienso que es un juez valiente, es el único que se ha atrevido a investigar los crímenes franquistas», afirmó Mercedes del Vas, de 47 años, varios de cuyos parientes murieron en los años negros de la dictadura.

Muestra de la expectación que genera este caso, decenas de periodistas, muchos de ellos extranjeros, siguieron en directo un proceso para el que varias ONG se acreditaron como observadores internacionales.

Dentro y fuera de España, muchos consideran que el juicio contra Garzón pretende lanzar una advertencia a otros jueces para que no aborden un tema, el de la dictadura franquista, cuyas heridas siguen abiertas en un país aún dividido.

«El hecho de que un juez esté asustado, tema ser castigado por abrir una investigación de esta naturaleza, es tremendamente pernicioso para la democracia», denunció el juez venezolano Pedro Nikken, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la ONG Comisión Internacional de Juristas.

«Este caso afecta a la independencia del poder judicial de España», aseguró por su parte el argentino Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, denunciando «un acto de amedrentamiento».

Garzón tiene otros dos casos pendientes contra él, lo que ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política contra un juez cuyas investigaciones le han valido a lo largo de los años más de un enemigo. AFP