La Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que desde el próximo mes de enero inicia el proceso de bloqueo a las señales de celular en las cárceles más peligrosas del país, y agregó que esta estrategia se está adelantando en convenio con varias instituciones públicas y privadas del orden nacional.

“En los primeros días de enero vamos a poner en funcionamiento el bloqueo de las señales de celular en diez cárceles. Estábamos pendientes de un decreto de comunicaciones que ya está expedido y que nos permite proceder a hacer el bloqueo correspondiente. Además, se está en un proceso licitatorio en el que se presentaron 22 participantes para efectos de bloquear más centros de reclusión”, indicó la Ministra.

Correa indicó señaló que se adelantan tres estrategias para realizar estos bloqueos: el Plan Cerrojo, el Plan Orión y el Plan Institucional. El primero está a cargo del Inpec y contempla el bloqueo de la señal de celulares en las cárceles de Puerto Triunfo, Pereira, Cali, La Modelo de Bogotá, Acacías, Bucaramanga, Palmira, Pedregal, las cárceles de Ibagué tanto de hombres como mujeres y las cárceles para hombres y mujeres de la ciudad de Cúcuta.

El Plan Orión estará en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y contempla el bloqueo de la señal para los establecimientos carcelarios de Valledupar (cárcel de mediana seguridad), Cartagena, Barranquilla, Sincelejo, Riohacha, Montería, Santa Marta, Villavicencio, Arauca, Itagüí, La Dorada, Popayán, Santander- Girón, Quibdó, Pasto, Jamundí y el establecimiento penitenciario Heliconias, en Florencia.

El Plan Institucional se realizará gracias a convenios suscritos por el Inpec, el Ministerio de Defensa (Fondelibertad), El Ministerio de las Telecomunicaciones (Operador Claro), la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Itagüí y la Gobernación del Atlántico. Gracias a ello se bloquearán las cárceles de La Picota (Bogotá), la cárcel de alta seguridad de Valledupar, la cárcel de Cómbita, la de Bellavista en Medellín, la de Ibagué, La Modelo de Barranquilla y la de Itagüí.

Estas medidas fueron tomadas tras las denuncias por parte de las autoridades penitenciarias con respecto a internos que seguirían delinquiendo desde sus lugares de reclusión.