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La seguridad privada, en la mira del Congreso

Vigilancia-celador-guarda El senado de la República entró a analizar en plenaria el proyecto sobre Seguridad Privada en Colombia, una iniciativa que ha sido polémica en varios periodos legislativos.

La primera vicepresidente de la corporación, Nidia Marcela Osorio, es la coordinadora ponente, de un proyecto de origen parlamentario y que pasó su examen en la Comisión Segunda.

La Oficina de Prensa de la Corporación la interrogó sobre los objetivos y aspectos fundamentales del proyecto que se encuentra en el orden del día para segundo debate:

PS: ¿Cuál es el objetivo del proyecto sobre seguridad privada, del cual usted es coordinadora ponente?

MO: La vigilancia y seguridad privada fue reglamentada por el decreto 356 de 1994, es decir hace más de 20 años. El sector, que es muy importante porque presta apoyo a la seguridad a los colombianos, ha crecido mucho, genera 240 mil empleos. La razón del proyecto es ajustar y modernizar la legislación en este campo para regular, inspeccionar y controlar debidamente a una empresa que presta servicios de seguridad y que manejan armas.

PS: ¿No podría llevar esta iniciativa a que se le entregue la seguridad del Estado a empresas privadas?

NMO: Para nada. Que quede absolutamente claro que la seguridad es obligación y está contemplada en la constitución porque es un servicio público esencial, lo presta el Estado. Pero ante la inseguridad y por iniciativa privada de los colombianos, las empresas privadas ofrecen dicho servicio y lo que queremos con la propuesta es regular el sector.

PS: Se entiende que el Estado tiene el monopolio de las armas.

NMO: Así es, pero ante la imposibilidad de prestar un servicio en un 100 % efectivo, lo puedan hacer empresas privadas, pero debidamente reguladas.

PS: ¿Podríamos decir que contamos con una legislación obsoleta en esa materia?

MO: El decreto está obsoleto. Las empresas no tienen hoy el rigor y control que deben tener porque la Superintendencia ha crecido muy poco y las empresas de seguridad se desbordaron por su crecimiento.

PS: ¿Es una actualización en materia legal para un sector muy importante de la economía del país?

NMO: Le aporta casi el 2 % del PIB, genera casi $7 billones, por eso estamos regulando al sector para pedirle a estas empresas privadas que pueden crecer, pero, reguladas y vigiladas a través del Estado. No podemos permitir que haya un ejército alterno y esa es la razón por la cual desde que se originó la ley, se prohibió la inversión extranjera.

PS: ¿Pero actualmente hay inversión extranjera?

NMO: Nosotros no la estamos prohibiendo. Eso existe desde el decreto que mencioné y tiene sentido, porque el Estado, sí regula y sabe cuál es la visibilidad de los socios, va a tener control. Nosotros no estamos cambiando eso, le estamos diciendo a la Superintendencia y al decreto, que a las empresas les permitan una licencia de funcionamiento de más tiempo.

PS: ¿Por cuánto tiempo les dan las licencias a esas empresas?

NMO: Hoy sólo son 5 años y los empresarios se ven sometidos a las deficiencias que tiene la Superintendencia porque no tiene la infraestructura para atender a un gremio que ha crecido. Ese factor que tiene el superintendente de discrecionalidad de entregar una licencia, refiriéndonos al decreto actual, es un foco de corrupción, porque entregan a unos funcionarios un poder infinito.

PS: ¿Hay empresas de seguridad piratas en Colombia?

NMO: Si las hay. Son estudios del Ministerio de Defensa. Como la Superintendencia se quedó pequeña, hoy oficialmente existen 869 empresas en esa modalidad, que prestan servicio con armas y sin armas; prestan capacitación, pero sabemos de muchas empresas que ofrecen ese servicio y ni siquiera tienen licencia. Muchos colombianos acuden a esas empresas y no conocen el rigor que debe existir al respecto. No puedo llamar a cualquiera y decirle venga présteme seguridad si no estoy consciente y seguro de que tengan una licencia. Que esas armas realmente estén permitidas por el Ministerio de Defensa y sin embargo hay muchas piratas. Cuántas, sabemos que muchas, pero por falta de control, no hay un dato exacto

PS: ¿Al gobierno, al Estado como tal, se le salió de las manos el control del sistema de vigilancia privada?

NMO: En este momento hay una regulación, pero no total, como debe ser. Hay unas empresas reguladas. Ahí presentamos el número de empresas que cumplen, pero sabemos que hay muchas más que prestan este servicio y no están supervisadas por la Superintendencia porque esta se quedó corta.

PS ¿Qué más se propone en el proyecto?

NMO: Proponemos además que se apruebe el Registro Único para la Superintendencia, donde cualquier colombiano o empresa, podrá consultar las que están reguladas y cuáles tienen licencia, si han tenido sanciones por no cumplir con la norma el manejo debido de las armas, de la tecnología, entre otros aspectos.

PS: ¿El legislador va a permitir ofrecer a los colombianos la facilidad de saber las características de cada una de estas empresas de seguridad?

NMO: Claro, con ese Registro Único los ciudadanos van a saber sobre las características y que ofrece cada empresa para brindarle la seguridad.

PS: ¿Cuántas Empresas de Seguridad Privada se conocen actualmente?

NMO: Del primer grupo económico se conocen 869, del segundo son 700 y del otro sector, como son personas naturales que asesoran, son 3.500. Son tres grandes grupos. Todos estos datos no son verdaderamente reales.

PS: ¿Si el Congreso aprueba el proyecto se establecerá una verdadera estadística de las empresas de seguridad privada?

MO: Claro esa es la idea, porque ayudamos a que la Superintendencia crezca en tecnología, en personal, que no tengan decisiones tan arbitrarias de entregar una licencia, cada cinco años. Porque además el cúmulo de papeles y de solicitudes que tiene la Superintendencia es infinito y no han podido dar respuesta porque se llenan de muchas limitaciones y exigencias. Como está la legislación actualmente se fomenta la corrupción.

PS: ¿Tiene usted algún dato de quiénes son los dueños de estas empresas de Seguridad Privada.

NMO: Claro, si son 869 empresas y están agrupados bajo varios gremios. Son empresas que respecto a la ley están reguladas y tienen que tener una visibilidad de los socios. Ser colombianos con capital nacional, precisamente para que el gobierno no pierda el control. Tenemos el control de 869, pero hay muchas más. Cuántas, no se decir, precisamente porque hay que vigilarlas.

PS: Es numeroso el articulado del proyecto.

NMO: Estamos hablando de casi 200 artículos, pero si logramos sacar las propuestas que son de todos los senadores de los diferentes partidos, vamos a ayudar mucho a que este gremio, que es tan delicado, sea más eficiente y más regulado, porque, repito, son personas que usan armas.

PS: ¿El legislador va a tener en cuenta el trato que estas empresas le dan a los guardas, hay algo que los favorezca, los proteja?

MO: Las empresas reguladas deben cumplir. El mínimo de un guarda de seguridad por su misma actividad y riesgo de sus horas de trabajo, de 8 a 12 horas, tienen un salario digno, es decir, sus prestaciones y salarios se cumplen con la leyes laborales. Se está obligando a que las empresas de seguridad tengan un seguro de vida para cada guarda. En el evento que tengan alguna calamidad la familia quedaría protegida con un seguro de vida, es decir, a esas 240 mil personas, con este proyecto, se les beneficia y se les da calidad de vida.

PS: ¿Hay sectores que no quieren que pase el proyecto?

NMO: El proyecto ha tenido mucha resistencia en agremiaciones que consideran que si es aprobado, muchas empresas van a tener más control y no quieren ser controladas.