De acuerdo con el informe de gestión emitido por la Procuraduría General de la Nación, de 30.760 predios donde funcionan instituciones educativas oficiales, correspondientes a 79 de las 95 entidades territoriales certificadas en educación en el país; de estos predios, en 10.106 no se tiene claridad de la propiedad y 3.956 son de propiedad privada, de los cuales, presuntamente no existe vinculo jurídico contractual en 3.437. Las cifras equivalen al 44% de los predios analizados.

La Procuraduría realizó más de 30 mesas de trabajo con departamentos, distritos y municipios certificados en educación, con el propósito de resolver la situación jurídica frente al uso de los inmuebles donde funciona el sistema educativo oficial, logrando un impacto en ocho entes territoriales certificados en educación que han ajustado o están ajustando la situación jurídica de los mismos.

Lo anterior debido a que se evidenció que una de las debilidades operativas más frecuentes en el sector es la falta de infraestructura que le impide a las instituciones operar con pertinencia, garantizando la efectividad del servicio ofrecido.

En efecto, la Procuraduría desarrolló una identificación nacional de los predios donde funcionaban instituciones educativas oficiales con el propósito de evaluar la existencia de vínculo jurídico para la prestación del servicio en dichos inmuebles, es decir, que los predios fueran de propiedad debidamente solemnizada por la entidad pública, o en caso de pertenecer a un particular, que existiera contrato de comodato, arrendamiento, contrato de administración educativa o cualquier otra modalidad contractual vigente para el uso de la infraestructura donde se presta el servicio.