–Las autoridades colombianas tácitamente cerraron filas contra la multinacional brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo mayúsculo por los multimillonarios sobornos para acaparar contratos de obras públicas, no solo en Colombia sino en otros países de América Latina y el Caribe. Además, el gobierno, a través del minisrtro del Transporte aseguró en forma tajante que la firma se tiene que ir del país.

La Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Puertos y Transporte y el Tribunal Superior de Cundinamarca, adoptaron cada una desde su órbita de acción, medidas en torno a la constructora y empresas asociadas.

Así, tal como oportunamente lo información aquí, la Supersociedades puso bajo su control y en el máximo grado de supervisión, a las sociedades Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S, Navelena S.A.S y a la sucursal de la sociedad extranjera Construtora Norberto Odebrecht s.a.

Con esta medida, el organismo de control adquirió amplias facultades de fiscalización, dentro de las que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad.

Las normas permiten además remover a los administradores, revisores fiscales y empleados según el caso y multar a los administradores que realicen actos contrarios a la ley. La legislación incluso abre la posibilidad, de convocar a la sociedad a un trámite de liquidación, si se cumplen los presupuestos para ese efecto.

En las resoluciones, la Supersociedades notifica a los representantes legales y empleados de las sociedades que a partir del sometimiento a control se prohíbe la constitución de garantías que recaigan sobre bienes propios de la sociedad y enajenaciones de bienes u operaciones que no correspondan al giro ordinario de los negocios sin autorización previa de la Superintendencia de Sociedades.

A su turno, la Superintendencia de Puertos y Transporte, determinó someter bajo control a la empresa Ruta del Sol S.A.S., consorcio que tiene a su cargo la construcción de la importante vía y en el que Odebrecht es socio en más del 60 %.

Según la Supertransportes, la medida busca velar por la continuidad del proyecto y prevenir una posible afectación de la infraestructura y los servicios conexos. Adicionalmente, prohíbió a los administradores del concesionario –liderado por el Grupo Odebrecht– disponer de los activos de las empresas, sin previa autorización, con lo cual se busca preservar el patrimonio de la sociedad y velar por el cumplimiento de las obras.

“Es nuestra obligación supervisar que no se afecten la continuidad ni la calidad en la prestación del servicio público de transporte, razón por la cual esta acción no debe ser vista como una sanción, sino como una medida preventiva que esperamos termine una vez se entreguen todas las obras o cese el riesgo asociado al transporte público”, indicó el supertransportes, Javier Jaramillo.

El funcionario explicó que este sometimiento será por término de un año prorrogable, o cuando cese el peligro o finalice el contrato.

Para cerrar el círculo, el Tribunal Superior de Cundinamarca determinó suspender de manera temporal, como medida cautelar, el contrato para la construcción del sector II de la Ruta de Sol firmado en 2009.

El fallo corresponde a una acción popular que presentó la Procuraduría General de la Nación, argumentando grave conductas ilícitas en la adjudicación de la obra, principiando por la confesión que hizo el exviceministro Gabriel García sobre el pago de 6,5 millones de dolares por parte de Odebrech para asegurar el contrato de más de 2 billones de pesos.

El Tribunal Superior ordenó al presidente de la República que en su condición de Suprema Autoridad Administrativa y Representante Legal de la Nación designe la autoridad que habrá de administrar el Proyecto Ruta del Sol Sector II (…).

El objetivo –explica– «es asegurar la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de la estabilidad de los contratos laborales y subcontratos de obra, de suministro, de presentación de servicios o de cualquier otra naturaleza que en la actualidad estén vigentes para cuyos efectos el alto funcionario aludido podrá llevar a cabo en firma directa o determinar la forma delegada en que se habrán de realizar las actuaciones administrativas”.

Para concluir, el Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, manifestó que Odebrecht » se tiene que ir del país», tras recordar que a finales de febrero vence el plazo que fijó el Gobierno Nacional para que Navelena entregue el cierre financiero y la cesión del contrato de navegabilidad del río Magdalena.

«Ese tipo de contratistas no los queremos, le han hecho mucho daño al país y a la ingeniería colombiana» expresó Rojas Giraldo.

“Si no entregan antes de finalizar febrero la cesión del contrato con cierre financiero, tendremos que empezar el proceso de liquidación. Lo que sí está claro es que Cormagdalena tiene lista la licitación para sacar nuevamente una APP y el dinero para hacer el mantenimiento mientras sale la adjudicación del nuevo contrato”, expresó Rojas Giraldo.

El alto funcionario anunció además que su despacho y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, demandarán ante el Consejo Superior de la Judicatura a los árbitros que renunciaron al Tribunal de Arbitramento encargado de tramitar la solicitud de nulidad del contrato de Ruta del Sol 2.

Los árbitros Stella Villegas, William Namén y Ariel Hernández renunciaron el miércoles pasado a ser los árbitros de este proceso, «dejan tirado al país, dejan tirado el proceso”, afirmó el Ministro Rojas Giraldo tras calificar de indignante el hecho y advertir que era una actuación que lesionaba los intereses de la nación.

El Jefe de la cartera de Transporte dijo que junto con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se pusieron en la tarea de buscar nuevos árbitros que permitan darle una solución rápida al proceso de liquidación del contrato Ruta del Sol II, tarea que, anotó, acompaña la Procuraduría General de la Nación .