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Gremios empresariales respaldan nueva ponencia de Ley de Financiamiento, pero afirman que se le deben hacer más ajustes

–En términos generales, los gremios empresariales colombianos expresaron su respaldo unánime a la nueva ponencia del proyecto de Ley de Financiamiento que se elaboró de común acuerdo entre el gobierno y el Congreso, pero plantearon preocupación por algunos puntos y se reservaron el derecho de reclamar nuevos ajustes sobre algunos aspectos.

Al efecto, el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a las 23 agremiaciones empresariales más importante del país, emitió un comunicado en el cual afirma que «respalda unánimemente» la ponencia para primer debate de la Ley de Financiamiento, porque considera que es «conveniente» para la economía nacional.

También expresa su apoyo a las medidas encaminadas al fortalecimiento de las autoridades de fiscalización impositiva, «tarea indispensable para fortalecer el recaudo» y tras reconocer la insuficiencia del recaudo esperado para financiar el presupuesto del 2019, afirma que esta circunstancia «implica una rigurosa austeridad», la cual, subraya, «debe adelantarse protegiendo el gasto social y la estabilidad fiscal de la Nación».

No obstante el Consejo Gremial Nacional advierte que sus integrantes «tienen preocupaciones sobre puntos específicos de la propuesta que continuarán exponiendo ante los voceros del Gobierno y los miembros del Congreso».

En el comunicado, en el que no reseña cuáles son los puntos que deben ajustarse, el Consejo Gremial Nacional hace además las siguientes precisiones:

Con el respaldo de la totalidad de los gremios que lo integran y que abajo se
identifican, el CGN considera que la ponencia para primer debate de la Ley de
Financiamiento Fiscal, que ha sido suscrita por la mayoría de los ponentes, es
conveniente para el país. Estas son las razones que justifican nuestra opinión.

1. Se ha realizado un esfuerzo considerable para introducir, por la vía del
recaudo tributario, un mayor grado de progresividad en el sistema fiscal
que complementa los que vienen realizándose desde tiempo atrás para
fortalecer el gasto social.

2. La reducción de las cargas tributarias para las empresas de todos los
tamaños, que son las llamadas a generar riqueza y proveer los recursos
necesarios para el progreso social, debe contribuir al proceso de
reactivación de la economía que viene registrándose desde hace algunos
meses, a contrarrestar el lamentable crecimiento del desempleo que los
últimos reportes oficiales registran y la persistencia de índices elevados
de informalidad empresarial y laboral.

3. Nos parece conveniente, como allí se plantea, que las personas más
pudientes realicen una contribución tributaria mayor, tarea que debe
acometerse tomando como referente la renta disponible y preservando los
mecanismos que protegen el ahorro de los distintos estamentos de la
población.

4. En ese mismo sentido, expresamos nuestro respaldo a las medidas
encaminadas al fortalecimiento de las autoridades de fiscalización
impositiva, tarea indispensable para fortalecer el recaudo.

5. Advertimos que el rendimiento de la reforma será insuficiente para
financiar los gastos contemplados en el presupuesto aprobado por el
Congreso para el año 2019. Esta circunstancia implica el desarrollo de
una estrategia de austeridad que proteja el gasto social, permita avanzar
en el saneamiento de las finanzas públicas y preservar los flujos de crédito
indispensables para financiar el déficit fiscal.

6. Por último, señalamos que varios gremios integrantes de este Consejo
tienen preocupaciones sobre aspectos específicos de la iniciativa original
del Gobierno, y otras que provienen del texto radicado para primer debate.

7. Con respeto y sólidos argumentos continuaremos nuestra tarea de
exponer ante el Gobierno y los congresistas los ajustes que consideramos
necesarios.

El consejo Gremial agrupa a las 23 organizaciones empresariales más importantes del país, que son:

Acolfa, Acopi, Acoplásticos, ANDI, Analdex, Andesco, Asobancaria,
Asocolflores, Asofondos, Asofiduciarias, Asocaña, Camacol, Cámara
Colombiana de la Infraestructura, Colfecar, Confecámaras, Cotelco,
Fedepalma, Fasecolda, Fedegan, Fenavi, Fenalco, SAC.

Previamente, por separado, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, emitió una declaración en la cual señaló que “el proyecto de Ley de Financiamiento es trascendental para Colombia, pero cuestionó «la propuesta de limitar al 90% los impuestos descontables», advirtiendo que «va en contravía de la intención de hacernos más competitivos”.

«Limitar al 90% los impuestos descontables, golpearía a la industria y el comercio, incrementaría el costo de todos los bienes gravados y saldría más costoso producir en Colombia que importar», precisa.

Los siguientes son los aspectos por los cuales la ANDI ve inconveniente la propuesta:

1. Saldría más costoso producir en Colombia que importar, toda vez que los bienes y servicios importados no están cargados con IVA y al productor colombiano le reconocen solo el 90%. Esto genera un arbitraje regulatorio en contra de las empresas colombianas.

2. Por la misma razón, golpearía principalmente a la industria y al comercio que son los sectores que más IVA tienen en su proceso productivo.

3. También se afectaría en mayor proporción aquellos bienes que tienen que circular más veces con los intermediarios que hacen parte de la cadena, hasta llegar al consumidor final.

4. Incrementaría el costo de todos los bienes gravados, incluyendo los de canasta familiar, lo cual es inflacionario y en algunos casos se podría incrementar su precio final.

5. Una medida de este tipo contraría las normas de la Comunidad Andina de Naciones.

Con esta propuesta y con base en la información de las declaraciones de IVA, una estimación gruesa del recaudo adicional sería del orden de $9,5 billones para 2019. Si tenemos la oportunidad de llevar como un mayor costo en renta, el efecto sobre el recaudo neto sería de $6,3 billones.

Debido a la grave afectación para la competitividad del país, su impacto sobre el consumo y la inflación la ANDI ve con preocupación esta propuesta y solicita se estudien mecanismos alternativos que no impacten a las empresas, generadoras de empleo y motor de la economía.