Igualmente la Unesco dio el mismo plazo al Distrito de la capital dee Bolívar para que el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (Pemp), y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para poner fin al caos urbanístico de la ciudad y evitar la violación de normas de construcción.
Las decisiones fueron anunciadas en el marco de la entrega 43 del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que se reúne esta semana en Azerbaiyán.
Como se sabe, el edificio Aquarela se levanta en inmediaciones del Castillo San Falipe de Cartagena.
En abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena que suspendió la construcción del proyecto urbanístico Aquarela.
La providencia también dejó en firme la suspensión temporal de los efectos de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle 47 SAS.
Para el tribunal Administrativo de Bolívar el Curador Urbano No 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana.
En concepto de los magistrados del Tribunal, la decisión de la primera instancia resulta acertada porque el Curador Urbano No 1 de Cartagena debía ser muy cuidadoso al momento de expedir las licencias urbanísticas que aprobaron la construcción de un proyecto de la magnitud de Aquarela, porque a su alrededor se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como el Castillo de San Felipe, que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general.
Por esa razón el Tribunal confirmó las medidas cautelares adoptadas el 6 de diciembre pasado por el juez de primera instancia, al estar amenazados los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
En su momento, al coadyuvar la solicitud del Ministerio de Cultura de medidas cautelares sobre la construcción, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de las obras por la afectación al patrimonio cultural de la Nación, y para “evitar un grave perjuicio a las familias que puedan adquirir de buena fe los apartamentos, ya que de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver”.
