–La Fiscalía General de la Nación informó este martes que en atención a la petición formal que elevó a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la «notificación roja» en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.

La expedición se produce cinco días después de que el equipo de fiscalía que investiga los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) radicara la petición ante la comunidad que congrega a los cuerpos de policía de 196 países.

La notificación roja de Interpol busca hacer efectiva la orden de captura contra Manrique Soacha, la cual fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio.

De otra parte, la Fiscalía espera respuesta de Interpol a la solicitud de notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, que fue radicada el pasado 4 de julio.

Cesar Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, es señalado de haber recibido 3.000 millones de pesos por el direccionamiento de un contrato para el suministro de 40 carrotanques para llevar agua a la Guajira.

A finales de julio pasado una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían implicadas en la defraudación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los demás afectados con la decisión son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; al asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.

Manrique Soacha y los demás señalados involucrados en el tramado de corrupción fueron imputados, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

En el curso del proceso liderado por un equipo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte suprema de Justicia se obtuvieron evidencias que dan cuenta de que el exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos.

En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

La Fiscalía indicó que el contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 13.164 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 6.380 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

En cuanto respecta a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, el 3 de julio anterior, fue cobijado con medida de aseguramiento también por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El exfuncionario habría dispuesto que a través de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se entregaran coimas a los entonces presidentes del Senado de la República Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en establecimiento a González Merchán, por su presunta participación en el direccionamiento de contratos al interior de la UNGRD y la orden de pago de coimas a congresistas.

Tras ser imputado por conductas de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, cargos que no aceptó, el tribunal emitió medida de aseguramiento contra González Merchán por los dos primeros delitos.

Según la investigación que adelantan dos fiscales de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, entre septiembre y octubre de 2023, el entonces director del DAPRE habría determinado a Olmedo López Martínez, en ese momento director de la UNGRD, para que direccionara contratos de la entidad con el propósito de obtener recursos ilícitos dirigidos a pagar coimas dirigidas a los expresidentes de Senado de la República y Cámara de Representantes, Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, a cambio del trámite favorable de proyectos de ley en las corporaciones legislativas.

Ante retrasos en la contratación al interior de la Unidad, González Merchán, ordenó a López Martínez en octubre de 2023 la entrega de una coima de 4.000 millones de pesos en efectivo para los dos congresistas, y determino a Sandra Liliana Ortiz Nova para que transportara tres mil millones con destino a Iván Leonidas Name Vásquez.

Los mil millones de pesos restantes fueron destinados a pagar la dadiva ilícita pactada con Andres David Calle Aguas.

El dinero dirigido a las eventuales coimas saldría del contrato que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques que servirían para suministrar agua potable a comunidades indígenas del departamento de La Guajira.