–La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 9 años y 11 meses de cárcel contra Jimmy Díaz Burbano, exgobernador de Putumayo, tras comprobar puso a disposición del crimen la institucionalidad, el cargo y las funciones que desempeñaba, con el propósito último de obtener beneficios económicos colectivos y personales.

Según el alto tribunal, Díaz Burbano se asoció con otra persona para cometer delitos relacionados con la explotación ilegal de oro en los cauces de los ríos Caquetá y Putumayo. Además, en al menos tres oportunidades compró lingotes de oro, a sabiendas de que el mineral provenía de un delito.

Igualmente, permitió que terceros se apropiaran ilícitamente de dineros del Estado; y contribuyó con la continuidad de la actividad de explotación minera ilícita, que generaba la contaminación de las fuentes hídricas.

Durante el año 2015, Jimmy Díaz Burbano, entonces gobernador del departamento del Putumayo, se asoció con Humberto Ramírez Leal para cometer delitos indeterminados de muy variada índole, desde sus diversos roles y posiciones, relacionados con la explotación ilegal de oro en los cauces de los ríos Caquetá y Putumayo, con el propósito último de obtener beneficios económicos colectivos y personales.

Así, en varias ocasiones interfirió ante las autoridades locales -administrativas y las fuerzas del orden- para que se
abstuvieran de incautar el combustible empleado para la explotación minera o para que se realizara su devolución. El
combustible era comprado, transportado y almacenado de manera subrepticia, desmedida, irregular y sin ningún control.

Asimismo, intentó inducir en error a los representantes de las fuerzas del orden haciéndoles creer falsamente que la
Asociación de Mineros de las Cuencas de los Ríos Caquetá y Putumayo -ASOMICUAP-, representada legalmente para esa
época por su coasociado Humberto Ramírez Leal, había presentado la solicitud de formalización de minería tradicional.

Ello, con el fin de evitar que adelantaran operativos contra la minería ilegal.

También de manera arbitraria y caprichosa, utilizó su función como primera autoridad de policía en el departamento, para impartir órdenes a la Policía Nacional, a fin de que instalaran un retén destinado a recuperar cierta cantidad de oro que le había sido hurtado a Humberto Ramírez Leal, mineral que, dada su ilicitud, debía ser incautado.

Al tiempo, Jimmy Díaz Burbano realizó otros comportamientos que, además de acreditar la existencia y materialización del acuerdo ilícito, de manera autónoma constituyen comportamientos delictivos.

Así, en tres oportunidades, cuando menos, Jimmy Díaz Burbano le compró a Humberto Ramírez Leal, lingotes de oro de un peso aproximado de 500 gramos cada uno, a un precio mucho menor del valor del mercado, a sabiendas de que el mineral provenía de un delito, dado que en el proceso de extracción y procesamiento se ocasionaban graves afectaciones ambientales, como consecuencia del proceso de succión y remoción del suelo y el subsuelo de los ríos Caquetá y Putumayo, y por el uso del mercurio en el amalgamiento del mineral.

Además, Jimmy Díaz Burbano acordó con Humberto Ramírez Leal, que le compraría cinco máquinas Pro-Camel, adquiridas por este con anterioridad. Para ello, celebró el contrato N° 1226, del 28 de diciembre de 2015, con la Fundación Victoria Regia, por un valor de $86.000.000, inobservando requisitos esenciales del contrato, tales como el objeto lícito y los principios de economía, planeación, transparencia, responsabilidad, selección objetiva y eficiencia, lo que se concretó a partir de la confección de unos estudios previos aparentes y sofísticos.

Con la celebración del referido contrato N° 1226 del 2015, Jimmy Díaz Burbano permitió que terceros se apropiaran ilícitamente de los dineros del departamento que gobernaba, por la suma de $20.500.000, equivalente al sobrecosto de los referidos bienes, pues, Humberto Ramírez Leal compró las máquinas Pro-Camel por un valor de $9.845.000, y los vendió a la Fundación Victoria Regia por la suma de $22.000.000; esta organización, a su vez, las “vendió” a la gobernación del departamento del Putumayo por la suma de $42.500.000, dinero que efectivamente fue pagado, con lo cual se materializó el detrimento al patrimonio del Estado.

Por último, a partir de la suscripción del contrato, Jimmy Díaz Burbano contribuyó con la continuidad de la actividad de explotación minera ilícita adelantada por los mineros liderados por Humberto Ramírez Leal, al punto de capacitarlos para que pudieran continuar desarrollando de manera más productiva su actividad extractiva, a más de entregarles cinco máquinas centrifugadoras Pro-Camel, que, junto con las ubicadas en las “balsas” encargadas de la succión del suelo y subsuelo de los lechos de los ríos Caquetá y Putumayo, generaban la contaminación de las fuentes hídricas.