–En el marco del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, la Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la persistente «feminización de la pobreza en Colombia», fenómeno que se traduce en mayores niveles de exclusión social, desigualdad económica y vulneración de derechos para las mujeres y subrayó que esta situación demanda respuestas urgentes, integrales y sostenidas por parte del Estado y de la sociedad.

La Defensoría advirtió que la pobreza constituye un problema de derechos humanos: es simultáneamente causa y consecuencia de violaciones a derechos fundamentales, y una situación que perpetúa vulneraciones en las que las personas en situación de pobreza y pobreza extrema ven comprometida su dignidad de manera permanente.

De acuerdo con cifras del Banco Mundial (julio de 2025), Colombia se clasifica como un país de ingreso medio-alto y es una de las principales economías de América Latina. No obstante, persisten marcados contrastes en materia de pobreza y desigualdad. Por otra parte, el coeficiente de Gini, que es el indicador que se utiliza para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, alcanzó 0,53 en 2024, ubicando a Colombia como uno de los países con mayor desigualdad del mundo, solo superado por Sudáfrica y Namibia.

Entre 2020 y 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano creció en promedio un 2,66% anual. Este desempeño, acompañado de políticas sociales sectoriales, incrementos sostenidos del salario mínimo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mejoras en los indicadores de ocupación laboral, ha contribuido a la reducción de la pobreza.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la pobreza monetaria pasó del 43,1% en 2020 al 31,8% en 2024, lo que representa una disminución de 11,3 puntos porcentuales y un descenso a niveles inferiores a los registrados en la prepandemia. Entre 2022 y 2024, 2,1 millones de personas salieron de la pobreza, y 1 millón superó la pobreza extrema.

La pobreza extrema, que alcanzó el 17,3% en 2020, se redujo al 11,7% en 2024, 5,6 puntos menos, mientras que la pobreza multidimensional pasó de 18,1% a 11,5% en el mismo periodo, donde las principales contribuciones proceden de los indicadores de “bajo logro educativo” y “trabajo informal”.

A pesar de estos logros, la Defensoría del Pueblo advierte que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres en todas sus diversidades, especialmente a las madres cabeza de hogar y a las campesinas.

Añade que los datos evidencian que todos los índices de pobreza son mayores en los hogares con liderazgo femenino. En la pobreza monetaria, esta brecha se expresa en 7,7 p.p. más respecto a los hogares encabezados por hombres. Esto se debe a barreras persistentes en el acceso al empleo formal, a la propiedad y a la educación, fenómeno reconocido como feminización de la pobreza.

Distribución territorial y desigualdad

Las ciudades con mayores índices de pobreza monetaria son, Quibdó (59,6%), Riohacha (48,8%), Valledupar (47,5%), Sincelejo (46%), Florencia (43,5%), Cartagena (41,1%) y Popayán (38,8%). En cuanto a pobreza extrema las ciudades con los mayores índices son Quibdó (29,7%), Riohacha (25,9%), Valledupar (13,4%), Cartagena (13,2%), Santa Marta (13,1%) y Popayán (12,9%).

En la pobreza multidimensional, los departamentos con los mayores índices son Vichada (70,2%), Guainía (49%), La Guajira (39,3%), Vaupés (37,4%), Chocó (33,9%) y Córdoba 25,7%).

Derechos sociales vinculados a la pobreza

Derecho al trabajo: aunque la tasa de ocupación alcanzó el 58,9% en julio de 2025 —la más alta desde 2018— y el desempleo bajó al 8,8%, la informalidad sigue siendo elevada, especialmente en agricultura, minería, alimentos y servicios tercerizados como la salud. La Defensoría espera que la nueva reforma laboral integre sectores históricamente excluidos como la población campesina, las madres comunitarias, las mujeres cuidadoras, los jóvenes aprendices del Sena, las y los trabajadores de plataformas digitales y la población con discapacidad, entre otros, y promueva el trabajo digno y decente.

Derecho a la educación: el bajo logro académico continúa siendo el factor de mayor incidencia en la pobreza multidimensional. A pesar de los avances en cobertura y formación docente, preocupan cifras como el 9,54% de niños y niñas entre 5 y 16 años por fuera del sistema educativo (2023) y la tasa de repitencia de 8,8%, la más alta desde 2015. La brecha entre educación pública y privada perpetúa la pobreza, con un impacto crítico en las comunidades rurales y étnicas. Erradicar el analfabetismo, particularmente en territorios marginados y excluidos, debe ser un propósito nacional.

Derecho a la alimentación: aunque el sector agropecuario ha crecido, el DANE reporta que 1 de cada 4 hogares enfrenta inseguridad alimentaria moderada y 5 de cada 100 hogares, inseguridad grave. La situación es más crítica en la niñez indígena, donde los retrasos en talla alcanzan el 29,6%. No obstante, entre 2022 y 2024, la mortalidad infantil por desnutrición se redujo en 42% gracias a políticas públicas de nutrición y salud.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a las instituciones del Estado para:

-Fortalecer las políticas de empleo y emprendimiento femenino, con especial atención en las zonas rurales y en poblaciones étnicas.
-Avanzar en la reducción de la brecha salarial de género y en la formalización laboral de las mujeres.
Reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, mediante políticas de corresponsabilidad social y familiar.
-Ampliar el acceso a la educación superior y la formación técnica para mujeres jóvenes, como vía para romper los ciclos de pobreza intergeneracional.
-Diseñar programas con enfoque interseccional, que atiendan las realidades específicas de mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado.
-Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Instituto Nacional de Salud y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, actualizar la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) que no ha sido ajustada en más de una década, como herramienta fundamental para orientar la toma de decisiones y responder de manera informada y oportuna las situaciones críticas de inseguridad alimentaria.
-Al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), avanzar en la definición de la metodología de medición de la desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país, como quedó consignado en el Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026.
-Ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por las Naciones Unidas en 2008, que permita cerrar el vacío en la lucha por la defensa de los DESC, y constituya en paso fundamental para equiparar la exigibilidad de estos derechos frente a los derechos civiles y políticos.
-Convocar a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, al Gobierno Nacional, a la Cancillería, y a las comisiones de Derechos Humanos de Senado y Cámara, a conformar mesas técnicas paralelas y complementarias que tengan como objetivo promover la ratificación del Protocolo Facultativo.