–Una vez que el canciller del Perú, Hugo de Zela, informó este lunes que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, está asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, le preguntaron directamente si tomarían la misma medida que Ecuador para sacarla.

«No, esa posibilidad no existe», afirmó De Zela en conferencia de prensa. «El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional», añadió.

En abril de 2024, la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México en Quito y secuestró al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien el entonces mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había otorgado asilo diplomático.

Ahora Glas cumple una condena de 13 años por el delito de peculado. Por su parte, Chávez afronta un juicio por presunta rebelión, en el marco de las polémicas órdenes que llevaron a la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo.

Tras conocerse que Chávez está en territorio mexicano, como lo es el de la legación diplomática de ese país, el Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con la nación norteamericana, calificando como «acto inamistoso» la decisión del Gobierno de México.

¿Quién es Betssy Chávez, la figura clave en la ruptura diplomática entre México y Perú?

Betssy Chávez, abogada de 36 años, comenzó su carrera política tras ser elegida como congresista en las elecciones generales de 2021 para representar a la austral región de Tacna en el Congreso de la República del Perú para el período 2021-2026.

En el Gobierno del presidente Pedro Castillo, desempeñó los cargos de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (de octubre de 2021 a mayo de 2022), ministra de Cultura (de agosto a noviembre de 2022) y de presidenta del Consejo de Ministros (entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022).

La Fiscalía peruana ha señalado a Chávez como presunta coautora de «intento de autogolpe» de Estado en diciembre de 2022, acusándola de haber participado en la planificación y ejecución de dicha medida. Por estos hechos, ha enfrentado un proceso judicial por rebelión y conspiración contra el Estado peruano.

De hecho, la mujer estuvo detenida en un centro penitenciario de Lima desde junio de 2023 hasta septiembre del año siguiente, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata al concluir que había sido víctima de una detención arbitraria, ya que la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva. No obstante, la investigación penal en su contra siguió abierta.

En paralelo, la Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó un informe que recomienda inhabilitar a Chávez durante diez años para ejercer cualquier función pública, arguyendo que infringió artículos constitucionales durante el mencionado «intento de autogolpe».

Asimismo, el Ministerio Público peruano solicitó restricciones sobre el contacto de la expolítica con diplomáticos y embajadas, en un intento de evitar que buscara refugio en el extranjero. A pesar de ello, logró llegar a la Embajada de México en Lima, donde actualmente se encuentra bajo protección diplomática mientras espera la formalización de su solicitud de asilo político.

El actual Gobierno peruano considera a Chávez una prófuga de la Justicia que debe enfrentar los cargos en su contra, mientras que, desde el punto de vista del Ejecutivo mexicano, se trata de una perseguida política víctima de un sistema judicial instrumentalizado para castigar a opositores del gobierno encabezado por el presidente José Jerí. (Información RT).