El presidente Gustavo Petro se reúne formalmente este lunes en la Casa de Nariño con la gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, para abordar la crisis institucional desatada tras las revelaciones de la funcionaria sobre un supuesto entramado de corrupción y espionaje al interior del Gobierno. El encuentro busca dar trámite a las pruebas presentadas por Rodríguez, quien la semana pasada denunció públicamente ser víctima de presuntas extorsiones y seguimientos ilegales, en un caso que ha sacudido la estabilidad del gabinete ejecutivo.

Un encuentro bajo máxima tensión institucional

La reunión, que ha generado una alta expectativa en los círculos políticos de Bogotá, se produce en un momento de vulnerabilidad para el Fondo Adaptación. Angie Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como mano derecha del mandatario en el Dapre, ha señalado la existencia de una presunta red criminal que buscaría apartarla de su cargo para tomar el control de un presupuesto que supera los $1,2 billones.

Entre los puntos neurálgicos de la discusión se encuentran:

• Presuntas irregularidades en la UNGRD: Rodríguez ha vinculado en sus declaraciones al actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y a la exaspirante a viceministra Juliana Guerrero, en un supuesto esquema de presiones y «fuego amigo».

• Seguimientos y extorsión: La gerente ha denunciado ante los medios y organismos judiciales la recepción de mensajes amenazantes y el presunto cobro de coimas por parte de intermediarios que aseguran actuar en nombre de altos cargos.

• Material probatorio: Se espera que durante el encuentro (o mediante sus delegados autorizados), Rodríguez formalice la entrega de audios y documentos que sustentarían sus acusaciones sobre la falta de titulación legal de algunos funcionarios y el desvío de recursos públicos.

Defensa del debido proceso

Pese a la contundencia de los relatos mediáticos, el Gobierno Nacional ha enfatizado en la importancia de respetar la presunción de inocencia. Los señalados, entre ellos Carlos Carrillo, han calificado las denuncias como una «tormenta mediática» sin sustento fáctico. Por tanto, la culpabilidad de los involucrados solo podrá ser establecida por una sentencia judicial en firme, mientras que el Ejecutivo evalúa posibles cambios en la estructura de mando para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos destinados al cambio climático y la infraestructura nacional.