–El Ministerio de Salud expidió la Resolución 695 de 2026, mediante la cual actualiza el listado de servicios y tecnologías que no serán cubiertos por las EPS dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

La medida busca priorizar intervenciones esenciales y excluir aquellas sin respaldo científico, de carácter estético o de uso personal.

La decisión se adoptó tras un proceso participativo que incluyó consultas con asociaciones científicas, expertos, pacientes y ciudadanía. Estas sesiones se desarrollaron en 25 departamentos y en Bogotá.

Según la cartera de Salud, la actualización se fundamenta en criterios de evidencia científica, seguridad, eficacia clínica y pertinencia.

En ese sentido, se excluyen servicios que carecen de soporte técnico, no cuentan con autorización de las autoridades competentes, tienen fines cosméticos o son considerados experimentales.

Entre los principales servicios excluidos se encuentran:

-Procedimientos y cirugías estéticas

Se excluyen aquellos realizados con fines cosméticos o de embellecimiento, como:

-Rinoplastia estética
-Liposucción
-Mamoplastia estética
-Gluteoplastia
-Blefaroplastia por envejecimiento
-Ritidectomía (estiramientos faciales)
-Cliteroplastia, himenoplastia e himenorrafia
-Engrosamiento o alargamiento de pene
-Depilación láser con fines estéticos
-Dermoexfoliación (peelings)
-Correcciones estéticas de nariz, cejas o arrugas

Medicamentos y tratamientos específicos

También se excluyen algunos medicamentos según su uso o indicación clínica, entre ellos:

-Analgésicos combinados como acetaminofén con codeína u opioides en ciertos contextos
-Diacereína para algunos casos de artritis
-Minoxidil para alopecia dentro del PBS
-Buprenorfina en usos específicos

Otros fármacos dependiendo de su indicación

-Fertilidad y reproducción asistida

La resolución excluye procedimientos como:

-Fecundación in vitro (FIV), incluso con ICSI
-Inseminación artificial
-Tratamientos de reproducción asistida en general?

El Ministerio reiteró que estas exclusiones buscan optimizar el uso de los recursos públicos, garantizando la financiación de servicios con efectividad comprobada y mayor impacto en la salud de la población.