En una decisión histórica para el comercio internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que el presidente Donald Trump excedió sus facultades constitucionales al imponer aranceles universales sin la autorización del Congreso. El fallo, aprobado con una mayoría de seis votos contra tres, anula los gravámenes impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que representa un revés judicial para la política económica de la actual administración. El tribunal concluyó que dicha norma de 1977 no otorga al Ejecutivo el poder de establecer impuestos generales de forma ilimitada, devolviendo la potestad arancelaria a la rama legislativa.

El origen de este conflicto legal se remonta a la decisión del mandatario de aplicar un recargo global, argumentando que era una medida necesaria para proteger la economía nacional y combatir crisis externas como el tráfico de fentanilo. Sin embargo, diversos sectores empresariales y países socios, incluyendo a México, Canadá y Colombia, manifestaron su preocupación por el encarecimiento de los productos y la inestabilidad en los mercados. Tras el fallo, el presidente Trump calificó la sentencia como «decepcionante» y anunció que buscará vías alternativas para mantener su agenda de protección comercial.

A pesar del dictamen, la Casa Blanca ya ha adelantado que el presunto plan para gravar las importaciones podría reestructurarse bajo otros marcos legales, como la Sección 122 de la Ley Comercial de 1974. Expertos en derecho internacional señalan que, aunque la Corte Suprema ha frenado la implementación bajo la ley de emergencia, el Gobierno federal intentará aplicar un nuevo arancel global del 10% mediante resoluciones administrativas que no dependan directamente del fallo actual. Esto mantiene en vilo a los importadores, quienes temen que la carga impositiva simplemente cambie de «paraguas legal» en los próximos meses.

Finalmente, la sentencia abre un complejo debate sobre los reembolsos de los aranceles que ya han sido recaudados hasta la fecha. Se estima que las reclamaciones podrían superar los 175.000 millones de dólares, un proceso que ahora deberá ser evaluado por el Tribunal de Comercio Internacional. Mientras los mercados reaccionan con un breve alivio ante la nulidad de los gravámenes actuales, la incertidumbre persiste sobre si el supuesto ajuste tarifario regresará bajo una nueva orden ejecutiva antes de finalizar el año 2026.