–La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura expresan su pleno respaldo a la labor que desarrollan las comisiones escrutadoras en todo el país, «que cumplen una función esencial para la garantía de la transparencia, la legitimidad y la confianza ciudadana en el proceso electoral colombiano».

En una declaración escrita, en tácita respuesta al presidente Gustavo Petro, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, y el órgano de administración y gobierno de la Rama Judicial de Colombia, destacan que el escrutinio electoral constituye una actuación reglada por la Constitución y la ley, que se adelanta con independencia y rigor por las comisiones escrutadoras, integradas principalmente por juezas y jueces de la República.

Adicionalmente, recuerdan que corresponde al Consejo Nacional Electoral, como organismo autónomo e independiente, declarar los resultados definitivos del proceso electoral del pasado 31 de mayo, dentro del marco legal establecido y con plenas garantías al debido proceso.

En el mismo sentido y tal como lo han resaltado organizaciones como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, entre otras, manifiestan su apoyo y respaldo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que ha articulado esfuerzos con los entes de control, organismos internacionales y demás autoridades competentes para garantizar un proceso transparente y confiable.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura invitan a la ciudadanía, a las instituciones y a los actores políticos a preservar el respeto por el ordenamiento constitucional, y a confiar en los mecanismos legales dispuestos para la verificación y consolidación de los resultados electorales de Colombia.

Finalmente, hacen un llamado a la sociedad en general y a todos los servidores públicos a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto para evitar la confrontación, la incertidumbre y el debilitamiento de la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral.

El escrito está firmado por Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema y Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.