La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia archivó recientemente la investigación penal que se adelantaba contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco, jefe del esquema de seguridad del fallecido senador Miguel Uribe Turbay. La decisión se oficializó tras evaluar el desempeño del oficial durante el atentado perpetrado contra el político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá, fundamentando el cierre del caso en que el uniformado recibió una notificación extemporánea sobre la asistencia al evento, lo que le impidió desplegar las medidas preventivas necesarias para garantizar la integridad del congresista.

El trágico suceso, que sacudió el panorama político nacional, ocurrió el 7 de junio de 2025, cuando un menor de 15 años atacó con arma de fuego al entonces precandidato presidencial por el partido Centro Democrático. Tras combatir por su vida durante dos meses y someterse a múltiples intervenciones en una clínica de la capital, el dirigente falleció en agosto del mismo año. De forma inmediata, el Estado ordenó indagaciones para dar con los presuntos determinadores del magnicidio y establecer las aparentes fallas operativas de quienes custodiaban al parlamentario.

Dentro de estas líneas de pesquisa, el subcomisario Gómez Velasco enfrentaba una investigación disciplinaria y penal por una presunta omisión o negligencia en sus funciones de protección. Sin embargo, el análisis del expediente por parte de la Fiscalía Penal Militar concluyó que no hubo una conducta delictiva o descuidada por parte del jefe del esquema. Los testimonios y cronogramas demostraron que el equipo protector fue informado del desplazamiento hacia la localidad de Fontibón apenas horas antes de su inicio, un plazo insuficiente para realizar los barridos de seguridad y asegurar los perímetros del parque.

A pesar de la improvisación del evento, las pruebas técnicas y documentales evidenciaron que el subcomisario intentó establecer las coordinaciones operativas pertinentes dentro del corto margen de tiempo que tuvo disponible. El ente judicial entendió que la supuesta vulnerabilidad del anillo de protección derivó de la inmediatez de la agenda política y no de un abandono del cargo, lo que llevó a la preclusión del proceso. Esta resolución lo libera legalmente de cualquier responsabilidad penal frente a la aparente desprotección del senador.

Aunque este expediente se cierra, el aparato judicial colombiano mantiene activos otros procesos paralelos para hacer justicia. Aún persisten los cuestionamientos sobre el rol de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad señalada por una supuesta omisión frente a las más de 20 solicitudes de refuerzo que había emitido la víctima antes del atentado. Mientras tanto, las autoridades continúan procesando a los supuestos cómplices que habrían colaborado en la logística y fuga del presunto joven sicario, a la espera de encontrar los indicios que conduzcan al autor intelectual de los hechos.