35 municipios de Cundinamarca amanecieron este lunes en máxima alerta hídrica, tras agudizarse una grave crisis de desabastecimiento de agua que ha obligado a las administraciones locales a declarar la calamidad pública. Esta emergencia, que golpea fuertemente a zonas como la región del Sumapaz, se produce por la prolongada sequía y los bajos niveles críticos de los embalses, forzando la implementación inmediata de estrictos racionamientos y el despliegue de carrotanques para garantizar la supervivencia de miles de familias.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) entregó un balance detallado y preocupante sobre la evolución de este fenómeno climático. Según los reportes oficiales, el mapa de riesgo hídrico del departamento clasifica actualmente a seis poblaciones en alerta roja, el máximo nivel de peligro por escasez total del líquido. Asimismo, otras siete localidades se mantienen bajo vigilancia en alerta naranja, mientras que 16 más están catalogadas en alerta amarilla, evidenciando que el déficit de precipitaciones amenaza a gran parte del territorio departamental.

Ante este panorama adverso, las autoridades han tenido que acelerar los planes de contingencia para mitigar el impacto humano y económico. La distribución del servicio de acueducto se encuentra fuertemente restringida, operando mediante cronogramas de cortes sectorizados de hasta 24 horas. Para las comunidades donde las redes ya no tienen presión suficiente, la Gobernación y las alcaldías han priorizado la entrega de agua potable mediante carrotanques, priorizando hospitales, colegios y hogares de paso.

Esta escasez hídrica no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una temporada de altas temperaturas que ha golpeado con dureza las fuentes hídricas superficiales y subterráneas. El fuerte clima seco ha secado las cuencas que históricamente abastecen a estos 35 territorios y ha favorecido la propagación de cientos de incendios forestales a lo largo del año, lo que destruye la capa vegetal encargada de retener la humedad en los ecosistemas estratégicos de la región.

En medio de los operativos de vigilancia ambiental para proteger las escasas fuentes de agua restantes, las autoridades locales han recibido diversas denuncias sobre presuntos responsables de desvíos ilegales de ríos y supuestos infractores que estarían acaparando el líquido para uso industrial. No obstante, las entidades de control han sido enfáticas al aclarar que la culpabilidad sobre estos graves delitos ambientales solo la determina una sentencia judicial, por lo que se respetará el debido proceso mientras avanzan las inspecciones de campo.