El ministro de Justicia de Colombia, Iván Cancino, rechazó categóricamente este fin de semana las acusaciones contra el presidente Abelardo de la Espriella por un supuesto encubrimiento en la captura del empresario Nassim Orfale Vásquez. Esta declaración oficial surge con el propósito de desmentir las críticas de varios sectores de la oposición, quienes cuestionaron al mandatario por no incluir a dicho detenido en el balance general de una reciente operación transnacional, insinuando que se le estaba protegiendo políticamente.

El jefe de la cartera judicial explicó detalladamente que la controversia mediática se originó por una confusión frente a los operativos, ya que se trató de dos procedimientos independientes y no de una sola redada judicial. En una primera acción, coordinada con agencias internacionales, fueron detenidas siete personas solicitadas por una corte de Puerto Rico; mientras que en una diligencia paralela y separada se efectuó la captura de Orfale Vásquez, quien es requerido de manera individual por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Según el expediente estadounidense, el presunto implicado es señalado de cometer el supuesto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas. Ante la magnitud de las acusaciones, el ministro Cancino fue tajante al señalar que bajo ninguna circunstancia se excluyó deliberadamente a alguien de los reportes entregados a la opinión pública, aclarando que cada procedimiento respondía a requerimientos judiciales y contextos investigativos diferentes.

El revuelo político tomó mayor fuerza tras la difusión en redes sociales de un video en el que el detenido manifestaba su apoyo público a la pasada campaña presidencial de De la Espriella. Frente a esto, el ministro aclaró que el presidente solo coincidió con el ciudadano en un único evento público multitudinario al inicio de la contienda electoral, enfatizando que intentar convertir ese contacto circunstancial en una relación personal o en un pacto de protección es «una infamia».

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su firme compromiso con la cooperación judicial internacional y aclaró que no se interferirá en los procesos legales. Se respetará estrictamente el debido proceso y la presunción de inocencia, recordando que la culpabilidad de cualquier ciudadano solo la determina un juez mediante una sentencia judicial firme. Mientras tanto, las autoridades competentes continúan al frente del trámite de extradición sin ofrecer ningún tipo de beneficio o encubrimiento al presunto implicado.