El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció este martes la aplicación de un denominado «juicio revolucionario» contra dos agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes permanecen en poder del grupo armado en el departamento de Arauca, bajo el argumento de presuntas actividades de inteligencia que habrían motivado su retención prolongada. Esta decisión implica que los funcionarios judiciales, privados de su libertad desde mayo de 2025, podrían enfrentar un cautiverio de hasta 60 meses, según el comunicado emitido por la organización insurgente.

La medida adoptada por el grupo armado ha generado un rechazo inmediato por parte de diversas instituciones del Estado, que consideran este procedimiento como una violación flagrante a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Al pretender arrogarse funciones judiciales que no le corresponden, el grupo armado profundiza la crisis humanitaria en la zona fronteriza, donde la presencia de grupos al margen de la ley mantiene en constante zozobra a la población civil y a los funcionarios que ejercen labores en el territorio.

Por su parte, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación han exigido la liberación inmediata de los servidores públicos, desestimando cualquier validez legal de los tribunales impuestos por el grupo al margen de la ley. Las autoridades han enfatizado en la protección de la integridad de los retenidos, subrayando que el Estado colombiano es el único facultado para administrar justicia y que cualquier señalamiento contra los agentes debe ser tratado bajo los principios de la ley constitucional.

Este nuevo episodio de tensión ocurre en medio de un complejo panorama de orden público en el oriente del país, donde la reactivación de acciones hostiles por parte de la guerrilla pone en duda la voluntad de paz en el marco de las mesas de diálogo. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos se mantienen alerta ante el destino de los presuntos afectados por este veredicto, mientras se espera un pronunciamiento oficial sobre las acciones operativas para lograr su pronto retorno a la libertad.