La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó este jueves la condena de 28 años y tres meses de prisión en contra de Santiago Uribe Vélez, por su responsabilidad en la conformación de la estructura armada ilegal conocida como Los 12 Apóstoles. Esta decisión en firme, emitida desde la sede del alto tribunal en Bogotá, se fundamentó en los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, al establecer mediante este fallo definitivo que el procesado operó como el señalado líder y financiador de dicho grupo en el departamento de Antioquia durante la década de 1990.

El expediente judicial, que se extendió por casi tres décadas, concluyó en esta última instancia que la evaluación conjunta de las pruebas brindaba absoluta certeza jurídica. De acuerdo con el dictamen, la supuesta organización ejecutó múltiples asesinatos selectivos en la región del norte de Antioquia, afectando de manera desproporcionada a habitantes de municipios como Yarumal. Las víctimas habrían sido incluidas en presuntas listas negras que circulaban en la zona, siendo estigmatizadas como supuestos colaboradores de la insurgencia, lo que motivó a la justicia a catalogar estos actos como crímenes de lesa humanidad.

Esta determinación por parte de los magistrados deja en firme la sentencia proferida en noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia, corporación que ya había revocado la absolución inicial que recibió el ganadero. El alto tribunal le otorgó plena credibilidad probatoria a los testimonios aportados por exoficiales de la fuerza pública y antiguos líderes de las autodefensas, quienes, pese a no tener vínculos entre sí, coincidieron de forma independiente al identificar al sentenciado como el principal articulador de las acciones ilícitas coordinadas desde la hacienda La Carolina.

Al agotarse los recursos ordinarios de apelación, el implicado deberá someterse a la pena de cárcel establecida, pagar una sanción pecuniaria superior a los seis mil salarios mínimos y afrontar una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por veinte años. Representantes legales de las víctimas calificaron esta resolución como un hito trascendental, subrayando que la decisión judicial marca un precedente fundamental sobre las responsabilidades civiles en la financiación de los primeros modelos de paramilitarismo en el país.