–La financiación de campañas políticas por parte de las IPS y EPS trabó el debate y la aprobación de la reforma estatutaria a la salud en la plenaria del Senado, que tuvo que postergar las decisiones para este martes.

La sesión se levantó anoche apenas una hora después de iniciada, en desarrollo de la discusión de los impedimentos de 4 congresistas, que recibieron dineros de las EPS para sus respectivas campañas.

Uno de ellos, fue Félix José Valera quien dijo que algunos amigos que son socios de algunas IPS le dieron dinero para lograr su elección en el Senado.

En la sesión se escucharon las intervenciones de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, y del ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

La Contralora expresos sus reparos a algunos aspectos de la reforma, pues en su concepto estarían limitando el derecho a la salud, entre los que citó la norma que obligaría al Estado a cubrir el servicio de salud.

Según la contralora, “en muchos apartes se garantiza el derecho a la salud en función de la disponibilidad económica”, por lo cual señaló: “No podemos limitar la salud a la sostenibilidad fiscal”.

Igualmente advirtió en el proyecto se crea un mecanismo alternativo a la tutela con unos plazos mínimos específicos “que el sistema judicial no puede atender”.

“No sabemos si este será un nuevo cuello de botella para la justicia”, subrayó.

También destacó que la reforma afecta uno de los pilares fundamentales, “la libertad de escogencia y el ejercicio libre de la lógica del mercado”, pues las personas no tendrían la capacidad de escoger la gestora que los atiende.

Mientras tanto, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria defendió la integridad del proyecto y sostuvo que “no es un invento del Gobierno, ni un embeleco del ministerio”.

Frente a lo dicho por la Contralora: “No estamos tocando la tutela, lo estamos respetando estamos diciendo que en este contrato social debe haber claridad sobre los límites del derecho. Queremos evitar los repetidos abusos de lo que se está presentando a la tutela”, precisó.

En la ponencia liderada por la senadora Karime Mota se plantea que las EPS, que se transformarán en «Gestoras», deben ser 100 por ciento públicas.

La norma está contenida en el articulo 14, que se refiere al modelo de servicio, que dice asi:

«Las entidades administradoras de salud, si las hubiere, o quien haga sus veces, serán exclusivamente de naturaleza pública”, expone el texto de la ponencia.

Sobre los hospitales, clínicas y centros médicos, la célula legislativa permite que sean de naturaleza pública, privada o mixta.

Mi Plan remplazará a lo que hoy en día se conoce como el Plan Obligatorio de Salud (POS), tendrá exclusiones principalmente de los tratamientos, procedimientos y medicamentos de los cuales no haya evidencia científica, sean cosméticos o suntuarios, que su uso no haya sido avalado por la autoridad de salud o esté en fase de experimentación.

Si a un colombiano se le niega un servicio médico enmarcado en esas exclusiones, el individuo tendrá la posibilidad de utilizar la “acción especial de nulidad en salud”.

Este mecanismo no remplazará la tutela, sino que se convierte en un complemento. Lo que pretende es que la persona presente el recurso ante el Consejo de Estado y en un término de máximo 60 días, definan si la persona tiene o no derecho a recibir el servicio médico requerido.

En el artículo 10 de la norma, el Senado propuso que entre los derechos que tendrán los usuarios del sistema de salud, tengan la posibilidad de escoger el sexo del profesional de la salud (médicos o enfermeras) que los atenderá.

“Se adiciona un literal T, permitiendo que los usuarios puedan escoger libremente el sexo del profesional de la salud, cuando la disponibilidad de los mismos así lo permitiere. Esto se hace con el fin de que el usuario o paciente se sienta lo más cómodo posible con el profesional de la salud que los atienda”, incluyen las modificaciones del proyecto.