Este martes 21 de abril de 2026, la delegación de paz del Gobierno de Colombia, encabezada por Armando Novoa, inició una evaluación exhaustiva sobre el futuro de la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB). Esta medida se toma en Bogotá y en las zonas de influencia del proceso (Nariño y Putumayo) debido a una profunda crisis de confianza generada por el presunto asesinato de tres soldados y las marcadas discrepancias en torno a la sustitución de economías ilícitas, factores que ponen en riesgo la viabilidad de los acuerdos territoriales alcanzados hasta la fecha.

Un proceso en etapa decisoria

La negociación, que venía avanzando con la implementación de Zonas de Ubicación Temporal en el departamento del Putumayo, ha entrado en un punto de inflexión. El jefe negociador, Armando Novoa, ha sido enfático en que la mesa de diálogos no puede ser utilizada para proteger acciones criminales. La suspensión temporal de los encuentros busca que el grupo armado, liderado por el presunto cabecilla alias ‘Walter Mendoza’, entregue muestras claras de su voluntad de paz y un compromiso real con el desmonte del narcotráfico en regiones críticas como el suroccidente del país.

Tensiones por sustitución de cultivos

Uno de los puntos de mayor fricción radica en la erradicación de cultivos de coca. Mientras el Gobierno exige avances concretos para separar a las comunidades de las economías ilegales, se han reportado retrasos en las inversiones estatales y falta de consenso en la metodología de sustitución. A pesar de que más de 13.000 familias han firmado acuerdos para transitar hacia la legalidad, el recrudecimiento de la violencia y los presuntos ataques contra la Fuerza Pública han minado la legitimidad de las conversaciones, obligando al Ejecutivo a replantear la hoja de ruta establecida en el séptimo ciclo de diálogos.