Un grupo de funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) radicó formalmente este miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría en contra de Carlos Carrillo, actual director de la entidad, y Leonidas Name, quien se desempeñó como secretario general. La acción legal, interpuesta en Bogotá, busca que se investiguen supuestos actos de acoso laboral y presiones indebidas que habrían afectado la integridad y la estabilidad contractual de varios trabajadores de la institución.

De acuerdo con los testimonios que sustentan la denuncia, el supuesto acoso por parte de Leonidas Name incluía presiones para que los contratistas mantuvieran una «cercanía personal» que excedía los límites estrictamente profesionales como condición para renovar sus vínculos laborales. Estas acusaciones se suman a quejas previas sobre la presunta instrumentalización de la entidad con fines electorales, vinculando al exsecretario general con campañas políticas aprovechando su posición de poder dentro de la estructura administrativa de la Unidad.

Por su parte, la implicación de Carlos Carrillo en la denuncia responde a su responsabilidad como cabeza de la UNGRD. Los denunciantes sostienen que, bajo su gestión, se habría permitido o ignorado un ambiente de persecución sistemática. Aunque Carrillo ha manifestado públicamente en el pasado su rechazo a las presiones políticas internas, el documento radicado sugiere que las medidas tomadas no fueron suficientes para frenar las conductas de sus subalternos inmediatos, convirtiéndolo en presunto responsable por omisión o coautoría en estas irregularidades administrativas.

Es imperativo recordar que, en el marco del Estado de Derecho, sobre ambos funcionarios y exfuncionarios pesa la presunción de inocencia hasta que la justicia colombiana determine lo contrario. Las autoridades competentes deberán ahora evaluar las pruebas aportadas por los trabajadores para establecer si existen méritos suficientes para abrir un juicio formal. Mientras tanto, la UNGRD, una entidad clave para la respuesta a emergencias en el país, se enfrenta a un nuevo capítulo de inestabilidad institucional que pone bajo la lupa la transparencia en la contratación estatal.