–Colombia 2025: el drama humanitario que las cifras no alcanzan a describir, tituló el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, el informe anual sobre la situación humanitaria en el territorio colombiano, como consecuencia de los conflictos armados, que, afirma, en Colombia alcanzaron el nivel más grave de la última década.

Según el CICR, este deterioro no se explica únicamente por la intensificación de las hostilidades, sino también por la forma en que se condujeron y por el trato que recibió la población civil, en un contexto marcado por la falta de respeto del derecho internacional humanitario (DIH).

Afirma que las consecuencias humanitarias presentan indicadores alarmantes. El CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, la mayoría civiles, y documentó 308 nuevas desapariciones. Por otra parte, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual, 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo y 176.730 permanecieron confinadas. Además, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud, en hechos relacionados con los conflictos armados.

Frente a 2024, todos estos indicadores aumentaron de manera significativa y en varios casos se duplicaron: el desplazamiento individual creció un 100 %, el desplazamiento masivo un 111 % y el confinamiento un 99 %.

De acuerdo con el informe, el desplazamiento de personas se duplicó en 2025 en Colombia respecto al año anterior, en un contexto de recrudecimiento de la violencia en el país, mientras que la cifra de víctimas por ataques con explosivos aumentó y se registraron cientos de violaciones al derecho internacional humanitario.

Tras el vacío de poder que dejó la extinta guerrilla de las Farc con la firma del acuerdo de paz en 2016, distintos grupos armados se disputan a muerte las lucrativas rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.

Olivier Dubois, jefe de la delegación del CICR en Bogotá, se refirió a la situación humanitaria en el país como un «drama» que «las cifras no alcanzan a describir», cuando falta poco para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es una tema central.

«Desde 2018, el CICR ha observado un deterioro progresivo de la situación humanitaria» en Colombia, «en un contexto marcado por la persistencia de varios conflictos armados no internacionales y por dinámicas cada vez más complejas que han ampliado su impacto sobre la población civil», señala el informe.

El informe del CICR advierte que la población civil enfrentó distintas formas de violencia y abuso en territorios con presencia y control de actores armados estatales y no estatales, como homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluso en situaciones de privación de libertad. Entre las distintas formas de violencia registradas, la violencia sexual siguió siendo particularmente grave y, al mismo tiempo, una de las menos visibles. Muchos de estos hechos ocurrieron por fuera del desarrollo de las hostilidades entre las partes de los conflictos armados.

Al menos 322.688 personas se desplazaron en 2025, mientras «los enfrentamientos armados se intensificaron» en «zonas pobladas o cerca de viviendas» civiles, apunta el documento publicado este martes.

El departamento más afectado fue el Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela, donde los enfrentamientos a principios de ese año entre la guerrilla del ELN y los rebeldes de las extintas Farc obligaron a miles de personas a huir de sus casas.

Además, el número de muertos y heridos por ataques con artefactos explosivos como drones, usados habitualmente por guerrilleros contra la fuerza pública y también civiles, subió en 34%. En 2025, el CICR registró 845 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario.

La Cruz Roja afirma que la población civil fue víctima de «homicidios, desapariciones, amenazas, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, violencia sexual» en zonas con presencia de grupos armados.